EN EL NOMBRE DE URIBE

En el nombre de Uribe

José Darío Castrillón Orozco
Psicólogo

Paralelo al derrumbe de las bolsas de valores en todo el mundo el precio de la vida en Colombia, cae estrepitosamente: en marzo de este año, el Ministerio de Defensa pagaba $5.000’000.000 (Cinco mil millones de pesos) por un guerrillero descuartizado, en este septiembre pagó $3’000.000 (tres millones) por la entrega de cada uno de los jóvenes de Soacha, asesinados en Santander. Así lo estableció un periodista de Caracol radio, indagando en esa localidad. Alegaría el Ministerio que el valor agregado del primer caso no se presenta en los muchachos pobres de la localidad cundinamarquesa, o que al por mayor es más barato, o que los civiles valen menos. El resultado es el mismo: vidas con precio, atrocidad recompensada.

Todo lo relacionado con la desaparición y muerte de los muchachos a manos del Ejercito Nacional, se nombra, a viva voz, como ejecuciones extrajudiciales, pues tal es su connotación jurídica. Más, en un tono de susurro, se denominan falsos positivos dada su connotación política.

No es un fenómeno nuevo. Reporta la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su décimo informe de 2007, cómo se incrementan los casos desde el 2005, y cómo estas conductas se registran en 21 departamentos. La Gobernación de Antioquia, cuando no tenía rabo de paja y sí compromiso con los derechos de los antioqueños, reportó ejecuciones extrajudiciales en el departamento desde el 2004. La Comisión Colombiana de Juristas y el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, reportan casos desde 2002, mostrando cómo las estadísticas de ejecuciones extrajudiciales se incrementaron entre el 2002 y el 2007, en un 65,51%, en relación al quinquenio anterior (1997-2002).[1]

La respuesta presidencial, en ese entonces, fue que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales eran obra de la guerrilla por medio de “sus corifeos en el país y en el extranjero”. Mientras su Ministro de Defensa argumentaba que se trataba de “guerra política y guerra jurídica” de la guerrilla. Uribe no pudo sostener más su argumento, la magnitud, lo extendido de los hechos, y el incremento exponencial del último año han obligado a reconocerlos.

Ahora, Fiscal General de la Nación y Presidente de la República se esfuerzan por presentar el caso de los jóvenes del sur de Bogotá que aparecieron muertos en Ocaña, como un caso aislado. Dejando de lado que las denuncias de situaciones similares se hacen desde Antioquia, Sucre, Córdoba, el eje cafetero, Valle del Cauca, los Santanderes, Llanos orientales, Nariño, y, probablemente, de otros departamentos. Todos obedecen a un mismo patrón, establecido por la revista Semana, en su artículo “una tesis macabra”. Se trata de una actividad sistemática que no se puede encubrir con la tesis de “la manzana podrida”, porque son cientos de casos diseminados por todo el país, y en distintas fuerzas de los organismos de seguridad. Cita la revista al representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Javier Fernández, quien asegura: “Esto no se puede tratar como casos aislados porque lo que estamos viendo posiblemente es la actuación de una macabra red criminal”.

En los últimos casos conocidos, de un año para acá, los que iban a morir fueron llevados con señuelos, legales e ilegales, no se puede desconocer la enorme fuerza de atracción que la ilegalidad tiene en las mayorías nacionales. Antes, como sucedió en el Departamento de Antioquia, eran capturados por la fuerza pública, casi siempre en sus casas y entornos laborales, para posteriormente ser asesinados y presentados como bajas en combate. Hay un cambio de modalidad en esto: ya los reclutamientos de las futuras bajas no las hace la oficialidad, sino que cuenta con una red de apoyo para esto. Los traficantes de vidas para eficacia de los guerreros, detectados hasta ahora, son informantes del ejército. Dado el funcionamiento sistemático, en red, es legítimo suponer que coincide con la red de informantes, siendo una forma de vincular civiles a las labores militares, la definición clásica de paramilitarismo.

La finalidad de estos crímenes se mira por las prebendas que obtienen los militares por la presentación de bajas en combate, tal como lo señala el Ministro de Defensa, quien afirma que ya la política de ese despacho no es matar insurgentes, sino desmovilizarlos. Sin que por ello haya desmontado los estímulos que su despacho dispone para tales procedimientos: recompensas en dinero, licencias, permisos, condecoraciones y ascensos, dependiendo de la cantidad de difuntos. Lo cual desmiente su explicación, y muestra que sí es una política para los militares incentivarlos a presentar muertos.

Pero, no sólo se han beneficiado los soldados y oficiales de tales crímenes. El ministro, Juan Manuel Santos, pasó de ser un personaje oscuro a figurar en la galería de los presidenciales, gracias a que los informes de su ministerio son todo un obituario.

Ministro, las ejecuciones extrajudiciales también sirven al propósito de disuadir a la población, de participar en el conflicto, eso que llaman terrorismo de Estado. Pero tienen, además, un rendimiento publicitario. La imagen exitosa de “la seguridad democrática”, es decir, la de Uribe, se ha nutrido de los asesinatos de jóvenes pobres. Desde los falsos atentados que le costaron la vida a varios ciudadanos, orquestados por su “buen muchacho” Jorge Noguera, en la campaña a la presidencia, se fue aquilatando su perfil de hombre para la guerra. Incluso, invocando aquellos falsos positivos declaró la primera conmoción interior, con su secuela de detenciones masivas.

Porque los pilares de la seguridad democrática, aparentemente son la ocupación del territorio y la protección a la población civil. Pero en verdad lo que se ocupa son los medios de comunicación, particularmente la televisión, y la población civil no pasa de ser carne de cañón. Así, negado el conflicto queda el show pantallero. Y el espectáculo debe continuar, por lo cual son necesarios los cadáveres para alimentar la función. Y han acertado con esto, los espectadores se han tornado en necrófilos y reclaman cuerpos abatidos, así sean de civiles, porque el pueblo colombiano, a falta de pan hizo de la guerra un circo.

Hace sólo dos semanas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Uribe cobraba a la comunidad internacional los réditos de esta política de falsos positivos. En un discurso calcado del que pronunció como hace dos años, afirmó: “De un número aproximado de 60.000 terroristas que afectaban al País al inicio del Gobierno, 48.000 han abandonado sus organizaciones criminales… En 2008, hasta el 17 de septiembre, se habían desmovilizado 2.436 guerrilleros, de ellos 2.147 de las Farc.” ¿De dónde salen las cifras iniciales? Nunca, ningún analista, ha calculado más allá de 17.000 los integrantes de las FARC al inicio del Gobierno, ni en más de 5.000 al ELN, y Carlos Castaño, como vocero oficial de los paramilitares afirmaba que ellos eran 12.000. Y estos son cálculos maximalistas, ¿por qué el desfase de cifras dobladas? Para arropar las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Si hace un año sostenía en el mismo recinto de la ONU: “todavía quedan alrededor de 11.000”, con todos los que ha matado, encarcelado y desmovilizado, ya no debe quedar uno. Incluso le quedan debiendo militantes.

Hace poco, Jorge Orlando Melo citaba un estudio según el cual, se han producido en los gobiernos de Uribe, hasta enero de este año, 50.300 bajas sólo a las FARC, entre muertos, detenidos y reinsertados. Lo cual contradice hasta la mentira presentada a las Naciones Unidas, porque si se suman a los paramilitares desmovilizados, y a las bajas del ELN, pasa de 100.000 el inventario de enemigos puestos fuera de combate. En esto radica el prestigio de la seguridad democrática, léase Uribe, en hinchar cifras. Falta el registro de los detenidos con falsas acusaciones, obra de la misma red de informantes. Siempre se ha dicho que cae más fácil un mentiroso que un cojo, y el tema de los falsos positivos desenmascara los fundamentos de la seguridad democrática, los de Uribe.

Por eso no se puede hablar de casos aislados, ni siquiera de “daño colateral”, que es un eufemismo de asesinato. Las ejecuciones extrajudiciales presentadas como falsos positivos, son un componente estructural de la “seguridad democrática”, o de Uribe, con conocimiento y consentimiento pleno del Presidente, sus ministros y sus huestes en el congreso. También por el Fiscal General que anda en función de minimizar el asunto, y que seguramente pondrá de chivos expiatorios a un manojo de soldados y suboficiales de las Fuerzas Armadas, dejando impune a quienes más se han beneficiado de este proceder criminal: la cúpula militar, el Presidente, sus ministros, y los empresarios que se enriquecen desaforadamente con las mercedes de este Gobierno.

Luego de castigar a los de menos responsabilidad, la función debe continuar, es decir, la política de seguridad democrática seguirá abrillantándose con sangre inocente. Porque a nombre de los éxitos de esta política, a la que hasta Petro le hace reverencia, se llama a cohonestar con las mañas de baja estofa de que hace gala el uribismo. Incluso, por los méritos de la seguridad democrática, es decir por los de Uribe, se pide sobrellevar con resignación el desempleo y la pobreza generalizada. Pobreza que, pese a la penuria, es cardinalmente moral.

Por eso se llama a reelegir la seguridad democrática, o sea a Uribe, porque es un comodín que permite encubrir cualquier fechoría, y se va a seguir valorizando, aunque, entre más se valora la seguridad democrática, o sea Uribe, más se desvaloriza la vida en el país donde la vida no vale nada, sobre todo la de los pobres.
TOMADO DE SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS
Octubre de 2008