¿Colombia un estado fallido?
Estuve en
Bogotá del 2 de Octubre de 2012 al 2 de Enero del 2013 y pude
comprobar, de primera mano, leyendo los periódicos de la ciudad,
escuchando las noticias por la TV, oyendo la radio y visitando a mis amigos, de
los cuales solo diré que están en la universidad, en el parlamento, en la
judicatura y, algunos, más bien escasos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad
de estado. De todas estas fuentes extraje, para disgusto mío y también de
ellos, que Colombia, esa tierra nuestra, verde y herida, es un país, gracias a
las clases dirigentes Políticas, Económicas, Financieras y Administrativas un
estado fallido, lo afirmo con tristeza y corrijo a aquellos que desde oscuras
atalayas, me acusan, sin justificación alguna, de hablar mal de mi país, de ser
comunista y de pertenecer a las farc, así como agradezco a todos aquellos que
me ayudaron en la comprensión del problema.
Los estados fallidos son un concepto relativamente nuevo que, desde
que en 2005 cuando el Foreign Policy
comenzó a publicar el Índice de Estados Fallidos, se ha ido difundiendo.
Hablar de estados fallidos es un concepto amplio y no pocas veces confuso que
lleva a algunos equívocos, pero que, cada vez se utiliza más por aquellos que se dedican a dilucidar los
problemas de la geopolítica internacional y nacional en este mundo globalizado. (VER MAPA 1)
Uno de los axiomas de la era moderna que todo el mundo acepta es que
la distancia, que antes nos
separaba, ha dejado de importar. Una matanza sectaria puede influir en
los mercados de valores del otro lado del planeta. Unas ciudades anárquicas y
llenas de bazares al aire libre pueden poner en peligro la seguridad de la
única superpotencia mundial. El comportamiento errático de un dirigente aislado
no sólo hace que sea aún más miserable la vida de los millones de pobres sobre
los que gobierna, sino que da un vuelco al régimen de no proliferación nuclear.
En otras palabras, las amenazas de los Estados débiles tienen
una onda expansiva que va mucho más allá de sus fronteras y pone en peligro el
desarrollo y la seguridad de países totalmente opuestos en lo económico y en lo
político.
El
complejo fenómeno del fracaso de una nación es tema de muchas discusiones, pero
sigue comprendiéndose muy poco. Los problemas que acosan a los Estados en
proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada,
clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace
mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley, graves divisiones étnicas o
religiosas y desplazamientos forzados
de la población. Pero eso no significa que las
soluciones a estos problemas deban estar cortadas por el mismo patrón. Los
países en trance de fracasar difieren mucho entre sí. Myanmar (antigua
Birmania) y Haití son dos de los países más corruptos del mundo, según la
organización Transparencia Internacional, pero la represora junta militar de
Myanmar persigue a las minorías étnicas y somete a su población a
desplazamientos forzosos, mientras que Haití sufre las ruinosas consecuencias
de la pobreza extrema, el desorden y la violencia urbana. En Colombia la
presencia de grupos
armados de diferente
índole, guerrillas, fuerzas paramilitares, criminales comunes y fuerza pública,
mantienen al país en permanente estado de zozobra. Durante 10 años, Guinea Ecuatorial ha
experimentado uno de los mayores crecimientos económicos del África
subsahariana, pero su riqueza se ha utilizado para engordar las cuentas
corrientes de la élite acomodada. Y en la República Democrática del Congo, la
incapacidad del Gobierno para vigilar sus fronteras y administrar su vasta
riqueza mineral, en poder de las multinacionales, ha hecho que el país dependa
de la ayuda extranjera.
De alguna manera podremos afirmar que los estados fallidos son
aquellos que no tienen una estructura político-administrativa que pueda garantizar
un funcionamiento mínimo. El
término Estado Fallido es
empleado por politólogos, periodistas y
comentaristas políticos para describir un estado Soberano que se considera, ha fallado en la garantía de
los servicios básicos y donde la corrupción ha permeado todos los estratos de
la sociedad. El centro de estudios Fund
for Peace ha propuesto los
siguientes nueve parámetros para hacer más comprensible el concepto:
(Ver Listado de Países Fallidos)
1
Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso
legítimo de la fuerza.
El territorio es el espacio material (físico, psicológico)
que precisa una determinada especie para garantizar su supervivencia; el
establecimiento de los límites de dicho espacio responderá a lo que determinen
los intereses de la especie en cuestión. Los estudiosos del comportamiento de
las especies animales le denominan instinto territorial. Desde una perspectiva
sociológica, el territorio ha sido definido como la parcela geográfica que
sirve de hábitat exclusivo a un grupo de seres humanos o a un individuo. Las
guerras intestinas y la falta de
control del estado de los diferentes
grupos armados en
conflicto permiten los
desplazamientos humanos y el
saqueo de tierras
y bienes haciendo imposible el
control territorial y por consiguiente
el uso legitimo de la fuerza. Todo el
territorio colombiano está en la
actualidad afectado por el
conflicto armado y la delincuencia
común. (Ver Mapa 1)
2
Erosión de
la autoridad legítima en la toma de
Decisiones.
Dice relación a un Estado que no es efectivo, y no es capaz
de aplicar sus leyes de manera uniforme, registrando por ende, altas tasas o
registros de criminalidad, corrupción política, mercado
informal, burocracia, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política, o poderes civiles
no estatales, con presupuesto y poder político muy superiores al del propio
Gobierno, como es el caso de las multinacionales que aprovechan el desorden general o participan
activamente de él para ampliar su margen
de beneficios. En Colombia multinacionales como Monsanto o las explotaciones
mineras mantienen fuerzas
paramilitares a su
servicio bajo la tapadera
de vigilancia privada..
3
Incapacidad para suministrar servicios básicos.
Los impactos de mayor preocupación aun se encuentran a menudo
a escala doméstica y comunitaria, y se relacionan con las deficiencias de
infraestructura y servicios urbanos. Los habitantes de las urbes,
particularmente los pobres, soportan la mayoría de las condiciones del ambiente
deteriorado mediante la pérdida de salud y productividad y la disminución de la
calidad de vida al carecer de los servicios básicos, educación, salud, electricidad, agua potable
etc.. Se elevan, a la vez, los costos de
la explotación de los recursos y su distribución (p.ej. agua, electricidad,
combustibles, educación, salud e impuestos varios) a medida que se acaban los
recursos económicamente asequibles y de alta calidad. Las poblaciones indígenas
y campesinas colombianas carecen de los principales servicios públicos, agua potable,
centros de salud, escuelas etc. Y en
las grandes urbes la
educación, la salud y el trabajo digno no cubren las necesidades de la población más necesitada.
4
Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la
comunidad internacional.
Se puede decir que un estado tiene "éxito" y
aceptación internacional cuando, en los términos de Max Weber, mantiene el
monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras. Cuando no se
da esta condición (por ejemplo cuando dominan el panorama los señores de la
guerra, los grupos paramilitares, y/o se presentan sistemáticas acciones
terroristas), la existencia misma del Estado resulta dudosa, y se considera que
es fallido perdiendo, por esta connotación, que
se le tenga
en cuenta, como estado de
pleno derecho, en las
decisiones internacionales.
No en balde, en
Colombia, la organización Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
tiene un informe en el que detalla la presencia de grupos armados en las
diferentes regiones del país, la consolidación de esos actores como influyentes
o dominantes en los territorios y las zonas donde hierve el conflicto, debido a
enfrentamientos de esos grupos contra la fuerza pública o combates entre los
mismos grupos ilegales pervierte ante terceros países la validez de las decisiones
gubernamentales del país…
5
Corrupción
generalizada de la administración pública.
Las consecuencias de la corrupción
han llegado a magnitudes inimaginables en
casi la totalidad de los
países del mundo, partiendo de la
poca credibilidad y eficiencia del
sistema democrático dentro del mundo globalizado forzado por oscuros
intereses financieros a seguir rutas
indeseables; amenazando la convivencia igualitaria de los ciudadanos;
amenazando los cimientos de Estado y permitiendo un crecimiento desordenado de
las funciones de ese Estado, en especial de los controles y regulaciones que
estimulan el auge para nuevos focos de corrupción; la corrupción no permite el
funcionamiento de ninguna dirección política, ni que se cumplan decisiones
políticas en el marco de la legalidad y la equidad; se rompen los valores de
las élites políticas, culturales e intelectuales; se erosiona la independencia
y credibilidad en el poder judicial; en un sentido general, se perjudica el
desarrollo económico de los pueblos, aumentando al fin y al cabo los precios,
malgastado recursos, y bajando la calidad de los productos para pagar las comisiones ilegales.
La
corrupción se combate con educación en valores, sin mayores aspiraciones que la
de modelar una ciudadana o ciudadano integrado al proceso de desarrollo de su
país y de su Estado. Que se sienta que pertenece a una comunidad de valores que
hace respetar la constitución y la ley. La
corrupción de la administración pública y política
en Colombia ha llegado
a cotas inimaginables basta
con citar como ejemplo el caso del saqueo
a la capital del país por
parte de
los hermanos Nule y el Alcalde
de la ciudad hoy en prisión.
6
Altos niveles de criminalidad.
Las políticas de seguridad ciudadana
históricamente implementadas en numerosos Estados se han caracterizado, en
términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en
materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el
control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza saltándose
la legalidad vigente.
Eso se traduce en los bajos índices
de confianza que la población tiene hacia el gobierno, el parlamento, la
policía y el sistema judicial. Al respecto se subraya que las políticas de seguridad
ciudadana se han desvinculado de los compromisos internacionales sobre derechos
humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y
la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitrariamente se ha
permitido la creación de fuerzas militares paralelas a las legítimamente constituidas.
Sostiene la Comisión Interamericana De
derechos Humanos que, "El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y
de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones
de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a
incrementar la inseguridad de la población y a la inestabilidad del estado. Así, a pesar de las
transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos
institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad "aún preservan
características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar
la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades".
Además, en varios pises se ha
recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión
punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la
edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente
intolerancia y estigmatización de personas o grupos.
El 23 de
junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado
colombiano por el crimen de Manuel Cepeda Vargas que se dio en el marco de un
ataque sistemático en el cual agentes oficiales e ilegales se concertaron en
contra de los integrantes de la Unión Patriótica; más de 4 mil de sus
dirigentes y simpatizantes fueron asesinados o desaparecidos. La investigación
formal de estos delitos contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez,
se abrió en septiembre de 2009 cuando el hijo, el ahora representante a la
Cámara por Bogotá, Iván Cepeda denunció que el comandante paramilitar Diego
Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ le aseguró en una entrevista realizada en
una cárcel de Estados Unidos que “Narváez le había sugerido el asesinato del
congresista (Manuel Cepeda) a Carlos Castaño Gil (entonces jefe máximo de las
AUC)” (Ver mapa 3)
7
Elevado
porcentaje de refugiados y desplazados.
El número de refugiados y desplazados
en el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta un nivel sin
precedentes, un proceso que en la próxima década no sólo no revertirá sino que
aumentará, según alerta un informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR).
El estudio, titulado “El estado
de los Refugiados en el mundo” , es un compendio de los movimientos de personas
que han sido forzadas a abandonar sus hogares en los últimos años y que residen de forma precaria sea en
naciones terceras (refugiados) o en otras regiones de su propio país
(desplazados internos).
Las cifras citadas en el informe van
hasta 2011. El texto
indica que casi 43 millones de personas en el mundo han sido forzadas a
abandonar su hogar, pero sólo 34 son asistidos por el ACNUR, dado que esta
lista no incluye a los casi 5 millones de refugiados palestinos que están bajo
la responsabilidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos
(UNRWA), ni a los cuatro millones de desplazados no atendidos. La mayor parte de los asistidos por el
ACNUR son desplazados internos (más de 16 millones son los registrados, aunque
se estima que alcanzan a 27 millones), por delante de los 10 millones y medio
de refugiados que han huido a terceras naciones.
Otros 3 millones y medio son apátridas;
casi tres millones más son desplazados internos retornados; 840.000
solicitantes de asilo; 200.000 refugiados retornados; y un grupo de 1.250.000
que no se incluyen en ninguna de estas clasificaciones pero que también cuentan
con la asistencia del ACNUR.
Los factores que causaron que estas
personas huyeran están creciendo, por lo que en los próximos diez años veremos
más y más gente convertirse en refugiados o desplazados”.
Colombia
es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta
mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7
millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de
desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80
supera los 5 millones de personas.
A mediados
de 1997 el Gobierno de Colombia solicitó al ACNUR prestar su asesoría a las
instituciones nacionales encargadas de atender a la población desplazada, para
ello era preciso que se estableciera una oficina en el país.
Con el consentimiento del Secretario
General de las Naciones Unidas, el ACNUR respondió favorablemente a la
solicitud del Gobierno de Colombia y en junio de 1998 abrió una oficina en
Bogotá con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional
de respuesta al problema del desplazamiento. Actualmente el ACNUR cuenta con
una oficina principal en Bogotá y otras 13 en diferentes regiones de Colombia.
Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias, como generalmente ocurre, o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. A pesar de la gravedad de la situación descrita el Presidente Santos, contra toda evidencia, ha pretendido que la ONU retire el servicio de ACNUR por considerar que vulnera los intereses del estado. (Ver Mapa 3)
Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias, como generalmente ocurre, o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. A pesar de la gravedad de la situación descrita el Presidente Santos, contra toda evidencia, ha pretendido que la ONU retire el servicio de ACNUR por considerar que vulnera los intereses del estado. (Ver Mapa 3)
8
Degradación económica de la población.
Los conflictos civiles recientes vienen
determinados no sólo por factores identitarios, sino también por los intereses
económicos propios y foráneos. Los economistas neoclásicos han considerado las
guerras como acontecimientos irracionales desde el punto de vista económico,
pues suponen la destrucción de capital, la pérdida de ventajas comparativas
para producir y la nula competitividad
de los mercados etc. Sin embargo,
algunos autores (Keen, De Waal, Duffield) han cuestionado esa visión, al
reinterpretar los conflictos a partir de lo que denominan economía política de la guerra.
En su opinión, los conflictos no provocan una destrucción irracional de la
sociedad y la economía, sino una reordenación de la primera mediante unas
nuevas formas de poder (los señores
de la guerra), y de la segunda mediante la citada economía política de la
guerra. El conflicto es el mecanismo mediante el cual se configuran y expanden
esas nuevas formas de poder y de economía política, que constituyen una
respuesta al debilitamiento o colapso del Estado, y a la marginación y crisis
económica de la población.
La principal aportación de estos
autores ha consistido en definir la funcionalidad que el conflicto cumple para
cada actor del mismo. Aunque la guerra es irracional en términos
macroeconómicos, para algunos genera cuantiosos beneficios económicos, por lo
que no resulta tan irracional. En efecto, aunque en las guerras hay víctimas o
“perdedores”, también hay “ganadores”. Son los sectores poderosos que impulsan
su desarrollo (militares, políticos, financieros,
multinacionales y comerciantes) que utilizan la violencia, la limpieza étnica y
los desplazamientos forzosos, e incluso la hambruna deliberadamente provocada, como
medios para despojar a los sectores vulnerables de sus recursos económicos
(tierra, ganado, reservas forestales y mineras), o forzarles a venderlos a
precio de saldo. El hostigamiento militar y paramilitar en Colombia, a los campesinos e indígenas, para
arrebatarles sus tierras, es un ejemplo expedito de este caso.
Los recursos captados de esa forma se
comercializan a través de complejas redes de economía paralela o clandestina,
que trafican a escala nacional e internacional. Estas redes han aflorado
gracias al hundimiento de la economía formal o paralelamente a ella debido a la
crisis económica, así como al colapso del Estado y a la corrupción administrativa.
Están controladas por empresarios, políticos y por los propios señores de la
guerra, y suelen estar asociadas a determinados grupos étnicos, clanes o
facciones del Estado y a empresas
foráneas interesadas en la explotación de los recursos naturales. Dado el
carácter ilícito de sus actividades, el mantenimiento de estas redes (la
protección de sus medios logísticos, comunicaciones, zonas de control, etc.) se
lleva a cabo por medios violentos, grupos paramilitares o delincuentes comunes,
lo cual lleva al choque entre los grupos que las sustentan haciendo más
sangriento el conflicto.
En definitiva, muchas de las guerras
civiles actuales, justificadas por la confrontación étnica, religiosa o
política, responden en gran medida a la lucha por el mantenimiento de una
determinada economía política de la guerra, como el control de la producción y
el comercio del opio en Afganistán, o el control de la producción de diamantes
en Liberia o Angola. O del petróleo en
los países Árabes o las explotaciones mineras o
agrícolas en Colombia además del turbio manejo de las rutas del narcotráfico.
9
Aparición
de grupos paramilitares que sustituyen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Para los estudiosos las primeras asociaciones
claras entre militares y grupos paramilitares en Colombia se evidencian en la
década de 1960, cuando el ejército colombiano comenzó a recibir entrenamiento
contrainsurgente por parte de Estados Unidos en la Escuela
de las Américas y a seguir las recomendaciones de incluir a civiles en
su lucha contra las nacientes guerrillas. No era la primera vez que el ejército
utilizaba civiles, de hecho durante la guerra civil entre liberales y
conservadores durante los años 40 y 50 el Gobierno creó las “guerrillas de paz”
para apoyar su acción militar.
En 1968 se legalizan las patrullas de civiles y
sólo hasta finales de los ochenta son ilegalizados. De ahí en adelante se
crearían grupos de defensa privados, con diferentes orígenes, pero siempre
ligados a la ayuda militar y de inteligencia del ejército. Aunque todos los Gobiernos
lo hayan siempre negado y sólo se haya comenzado a investigar a comienzos de
los 90, existen muchas investigaciones de organismos nacionales e
internacionales que evidencian la
colaboración y la connivencia de las fuerzas armadas y los paramilitares, así
como la poca voluntad política para combatirlos.
Estos grupos de defensa privada, semilla de los actuales paramilitares tienen diversos orígenes. Por una parte nacen como una respuesta de los narcotraficantes contra los secuestros de sus familiares por parte de los grupos guerrilleros. El más conocido fue el MAS –(muerte a secuestradores)- que fue organizado por Pablo Escobar y sus socios y con el que lograron liberar a una cuñada de uno de los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes. Por la misma época, los hermanos Fidel y Carlos Castaño conformaron, con ayuda de otros ganaderos y terratenientes de la región, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, un grupo armado al margen de la ley que tenía como objetivo combatir a los frentes que la guerrilla tenía en el Magdalena Medio, una de las regiones más azotadas por las extorsiones y secuestros de la guerrilla.
Pero
si quedaban dudas de la intervención del
estado en estos hechos aciagos el pasado 5 de
septiembre el Tribunal Superior
de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes para que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Velez por
su presunto apoyo en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. El
fallo, firmado por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón,
solicitó investigar a Uribe después de encontrar indicios de que durante su
Gobernación en Antioquia, entre los años 1995 y 1997, se creó el proyecto de
Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom), que terminó por
ser un “laboratorio del paramilitarismo” y promover las conocidas
Convivir.
He
afirmado que los Estados Fallidos son lugares donde no hay servicios básicos que
cubran ampliamente a la población, ni justicia social, ni unas fuerzas de
seguridad del Estado mínimamente fiables… ni, por consiguiente, una verdadera
democracia. Lugares donde, en pocas palabras, la única garantía fiable es que
no existen garantías. Observar el Ranking de Estados Fallidos y encontrar en él
al País en que se vive es, por decir lo menos, terriblemente amargo y
descorazonador.
Los Estados
Fallidos no son el resultado de una
coyuntura desfavorable, sino el resultado de siglos de políticas
Nacionales e internacionales injustas. Sólo hay que ver que
algunos de los países en lo alto del ranking han sido invadidos o tutelados por
coaliciones internacionales que, sobre el papel, tenían que ayudar a mejorar la
situación de esos países y que vistos los resultados han fracasado
estruendosamente. Eso no
quiere decir que todas las naciones en proceso de descomposición sean víctimas
del olvido mundial. Irak y Afganistán, los dos frentes principales en la guerra
contra el terrorismo, empeoraron a lo largo del año pasado. Sus
experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de
dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un
gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes
realistas para mantener la paz y desarrollar la economía sin pensar más
allá de
los intereses económicos que los
mueven. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también
hay muchas maneras de caer en el fracaso.
Desgraciadamente,
además, parece que ser un Estado Fallido
es una enfermedad de la que difícilmente se puede salir, ya que, con
algunas excepciones, la mayoría de estados que están en los primeros puestos del
ranking han repetido los últimos años en
posiciones similares. Cada Estado es un caso diferente, pero muchos son ricos
en recursos naturales desde petróleo o gas, hasta minerales básicos para el
desarrollo de las últimas tecnologías como el COLTAN, o unas tierras ricas para
la producción agrícola, como es el caso Colombiano, donde todos estos factores se cumplen. Su riqueza
no justifica su posición en esta lista. En cambio, vemos con nostalgia, como entramos en este círculo perverso y la degradación social
facilita que acabemos siendo la base de
todo tipo de actividades delictivas,
como el comercio de armas, de drogas y de recursos naturales cedidos, sin mayores controles, a las grandes
multinacionales que controlan su comercio. Además, ha de tenerse en cuenta, la
corrupción administrativa desde las más altas esferas del estado, hasta las
alcaldías de los municipios más pequeños.
Esta
situación interna y los pobres resultados de las grandes misiones mediáticas Internacionales para darles apoyo, muestran la
necesidad perentoria de establecer
mecanismos de control y de gobierno que permitan afrontar estas situaciones
desde una óptica más razonable a medio y largo plazo, lejos de los intereses de
los países que los "ayudan", cuando realmente prima un interés para
controlar la gestión de los recursos naturales, tanto vegetales como minerales.
Debemos
tener presente que, en estos países, la
gestión de los recursos naturales y los modelos de producción están lejos de un
desarrollo sostenible habida cuenta de que su legislación al respecto
adolece de profundos fallos o de
controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad
o el acceso al agua potable son una quimera, la lucha por la conservación del
medio ambiente no es sino una ilusión. Es decir, que a pesar de que exista una
legislación aceptable, sencillamente es inexistente porque nadie la cumple y esto ocurre en zonas de gran riqueza biológica,
con recursos hídricos importantes, amplias zonas de cultivos y riquezas en el subsuelo muy codiciadas por los grandes tiburones financieros. Un país,
cualquiera que él sea, no puede darse el lujo de dejar en manos extrañas, sin
controles efectivos, la explotación de sus recursos naturales.
Los
estados fallidos son fracasos no solamente Nacionales, sino globales, que
afectan el conjunto de naciones y que piden y necesitan legislaciones claras y respuestas globales que no afecten su
estabilidad. Por ello, una buena gestión de estos estados es necesaria para
construir un mundo sostenible y en paz.
Acabar con
los estados fallidos es una cuestión de justicia social. Por ello, es
responsabilidad de los gobernantes de todo el mundo, de toda la sociedad, implicarse
en conseguir derrotar la
corrupción y dotar a la justicia de
todos los elementos legales indispensables para evitar que se burlen las
normas que rigen el buen funcionamiento del estado, y garantizar con ello, la
viabilidad económica y democrática del Estado. ¿Es una Utopía? ¡No!. Sencillamente,
un acto imprescindible para todos los que vivimos en este planeta.
NO
es sorprendente que dentro de esta lista
de los países fallidos se encuentre Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que
se afirma haber hecho en los últimos
años para consolidar su legitimidad, su soberanía y su crecimiento económico, a
pesar de ello, aparece en el listado con el número 52.
En el
listado se tiene en cuenta la presión demográfica, el número de refugiados, el
desarrollo desigual de la población, declive económico, derechos humanos,
independencia judicial, servicios públicos, fuerza pública, élites
faccionalizadas, grupos de presión, función democrática e intervención extranjera.
De acuerdo con el analista Larrazábal “este estudio da a conocer por tercera vez que Colombia desde el
2009 hasta este año, aparece dentro de la lista de Estados Fallidos, y de las
razones que la revista esgrime esta el tema de corrupción, falta de
infraestructura e incluso la aplicación al derecho en salud, conflicto interno,
conflicto étnicos, refugiados entre otros” y he
de agregar importantes fallos del sistema judicial colombiano.
Según
el estudio, dentro de los países de Latinoamérica, Bolivia, Haití y Colombia
aparecen dentro del listado, lo que es sorprendente porque quiere decir que los
colombianos estamos a la par de estos dos países en cuanto a estructuración
política y administrativa del Estado, lo que podría ser desproporcionado, pero
no bastan los esfuerzos del Gobierno, si fallan los cuerpos colegiados en el
diagnostico de los problemas y si además la Justicia que es la base de cualquier democracia se encuentra constantemente
en entredicho y no hace cumplir , independientemente de a quien se aplique, la
ley . Un estado que envía a sus reos al extranjero para que sean juzgados, por
delitos menores, mientras que sus grandes crímenes quedan impunes, no tiene
solidez, ni puede presentarse como Estado Soberano…
Es prudente
anotar que a día
de hoy se
adelantan conversaciones de paz con las FARC en
la Habana, Cuba, a instancias
del Ejecutivo y con el
apoyo internacional de la ONU quien ha
recomendado que: ““Debe
destacarse la importancia de que un proceso de negociación se enmarque en
parámetros y criterios apropiados, que permitan evitar los riesgos de una
negociación infructuosa con la cual se desgasten las expectativas de la
población y se recrudezcan las respuestas estatales represivas. Debe tenerse
presente la conveniencia de una negociación adecuadamente estructurada y de
contenido, que incluya tempranamente compromisos de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario. Asimismo, la consideración de la eventual
reinserción de los alzados en armas y del tema de la reconciliación, de manera
compatible con la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, pueden constituirse en garantías claves
para una paz sostenible” Confiamos los
Colombianos que el proceso de paz no sea
malogrado por los señores
de la guerra.
.Recopilando
diremos que, los estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de
capacidad o voluntad política" para proteger a sus ciudadanos de la
violencia y quizás incluso de la destrucción" y "se consideran más
allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave
"déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia.
"
Mapa
de Estados Fallidos: En color purpura los Estados Fallidos en la actualidad: Colombia
en el puesto 52.
MAPA
1
.
LISTADO DE PAISES
FALLIDOS
MAPA 2
MAPA 3
Mapa 4
