POR UNA COLOMBIA JUSTA: noviembre 2013

¿Colombia un estado fallido?

Estuve en Bogotá del 2 de Octubre de 2012 al 2 de Enero del 2013 y pude comprobar, de primera mano, leyendo los periódicos de la ciudad, escuchando las noticias por la TV, oyendo la radio y visitando a mis amigos, de los cuales solo diré que están en la universidad, en el parlamento, en la judicatura y, algunos, más bien escasos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado. De todas estas fuentes extraje, para disgusto mío y también de ellos, que Colombia, esa tierra nuestra, verde y herida, es un país, gracias a las clases dirigentes Políticas, Económicas, Financieras y Administrativas un estado fallido, lo afirmo con tristeza y corrijo a aquellos que desde oscuras atalayas, me acusan, sin justificación alguna, de hablar mal de mi país, de ser comunista y de pertenecer a las farc, así como agradezco a todos aquellos que me ayudaron en la comprensión del problema.

Los estados fallidos son un concepto relativamente nuevo que, desde que en 2005 cuando el Foreign Policy comenzó a publicar el Índice de Estados Fallidos, se ha ido difundiendo. Hablar de estados fallidos es un concepto amplio y no pocas veces confuso que lleva a algunos equívocos, pero que, cada vez se utiliza más por aquellos que se dedican a dilucidar los problemas de la geopolítica internacional y nacional en este mundo globalizado. (VER MAPA 1)

Uno de los axiomas de la era moderna que todo el mundo acepta es que la distancia, que antes nos separaba, ha dejado de importar. Una matanza sectaria puede influir en los mercados de valores del otro lado del planeta. Unas ciudades anárquicas y llenas de bazares al aire libre pueden poner en peligro la seguridad de la única superpotencia mundial. El comportamiento errático de un dirigente aislado no sólo hace que sea aún más miserable la vida de los millones de pobres sobre los que gobierna, sino que da un vuelco al régimen de no proliferación nuclear. En otras palabras, las amenazas de los Estados débiles tienen una onda expansiva que va mucho más allá de sus fronteras y pone en peligro el desarrollo y la seguridad de países totalmente opuestos en lo económico y en lo político.

El complejo fenómeno del fracaso de una nación es tema de muchas discusiones, pero sigue comprendiéndose muy poco. Los problemas que acosan a los Estados en proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada, clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley, graves divisiones étnicas o religiosas y desplazamientos forzados de la población. Pero eso no significa que las soluciones a estos problemas deban estar cortadas por el mismo patrón. Los países en trance de fracasar difieren mucho entre sí. Myanmar (antigua Birmania) y Haití son dos de los países más corruptos del mundo, según la organización Transparencia Internacional, pero la represora junta militar de Myanmar persigue a las minorías étnicas y somete a su población a desplazamientos forzosos, mientras que Haití sufre las ruinosas consecuencias de la pobreza extrema, el desorden y la violencia urbana. En Colombia la presencia de grupos armados de diferente índole, guerrillas, fuerzas paramilitares, criminales comunes y fuerza pública, mantienen al país en permanente estado de zozobra. Durante 10 años, Guinea Ecuatorial ha experimentado uno de los mayores crecimientos económicos del África subsahariana, pero su riqueza se ha utilizado para engordar las cuentas corrientes de la élite acomodada. Y en la República Democrática del Congo, la incapacidad del Gobierno para vigilar sus fronteras y administrar su vasta riqueza mineral, en poder de las multinacionales, ha hecho que el país dependa de la ayuda extranjera.

De alguna manera podremos afirmar que los estados fallidos son aquellos que no tienen una estructura político-administrativa que pueda garantizar un funcionamiento mínimo. El término Estado Fallido es empleado por politólogos, periodistas y comentaristas políticos para describir un estado Soberano que se considera, ha fallado en la garantía de los servicios básicos y donde la corrupción ha permeado todos los estratos de la sociedad. El centro de estudios Fund for Peace ha propuesto los siguientes nueve parámetros para hacer más comprensible el concepto: (Ver Listado de Países Fallidos)

Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

El territorio es el espacio material (físico, psicológico) que precisa una determinada especie para garantizar su supervivencia; el establecimiento de los límites de dicho espacio responderá a lo que determinen los intereses de la especie en cuestión. Los estudiosos del comportamiento de las especies animales le denominan instinto territorial. Desde una perspectiva sociológica, el territorio ha sido definido como la parcela geográfica que sirve de hábitat exclusivo a un grupo de seres humanos o a un individuo. Las guerras intestinas y la falta de control del estado de los diferentes grupos armados en conflicto permiten los desplazamientos humanos y el saqueo de tierras y bienes haciendo imposible el control territorial y por consiguiente el uso legitimo de la fuerza. Todo el territorio colombiano está en la actualidad afectado por el conflicto armado y la delincuencia común. (Ver Mapa 1)

Erosión de la autoridad legítima en la toma de

Decisiones.

Dice relación a un Estado que no es efectivo, y no es capaz de aplicar sus leyes de manera uniforme, registrando por ende, altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política, mercado informal, burocracia, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política, o poderes civiles no estatales, con presupuesto y poder político muy superiores al del propio Gobierno, como es el caso de las multinacionales que aprovechan el desorden general o participan activamente de él para ampliar su margen de beneficios. En Colombia multinacionales como Monsanto o las explotaciones mineras mantienen fuerzas paramilitares a su servicio bajo la tapadera de vigilancia privada..

Incapacidad para suministrar servicios básicos.

Los impactos de mayor preocupación aun se encuentran a menudo a escala doméstica y comunitaria, y se relacionan con las deficiencias de infraestructura y servicios urbanos. Los habitantes de las urbes, particularmente los pobres, soportan la mayoría de las condiciones del ambiente deteriorado mediante la pérdida de salud y productividad y la disminución de la calidad de vida al carecer de los servicios básicos, educación, salud, electricidad, agua potable etc.. Se elevan, a la vez, los costos de la explotación de los recursos y su distribución (p.ej. agua, electricidad, combustibles, educación, salud e impuestos varios) a medida que se acaban los recursos económicamente asequibles y de alta calidad. Las poblaciones indígenas y campesinas colombianas carecen de los principales servicios públicos, agua potable, centros de salud, escuelas etc. Y en las grandes urbes la educación, la salud y el trabajo digno no cubren las necesidades de la población más necesitada.

Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Se puede decir que un estado tiene "éxito" y aceptación internacional cuando, en los términos de Max Weber, mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras. Cuando no se da esta condición (por ejemplo cuando dominan el panorama los señores de la guerra, los grupos paramilitares, y/o se presentan sistemáticas acciones terroristas), la existencia misma del Estado resulta dudosa, y se considera que es fallido perdiendo, por esta connotación, que se le tenga en cuenta, como estado de pleno derecho, en las decisiones internacionales.

No en balde, en Colombia, la organización Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) tiene un informe en el que detalla la presencia de grupos armados en las diferentes regiones del país, la consolidación de esos actores como influyentes o dominantes en los territorios y las zonas donde hierve el conflicto, debido a enfrentamientos de esos grupos contra la fuerza pública o combates entre los mismos grupos ilegales pervierte ante terceros países la validez de las decisiones gubernamentales del país…

Corrupción generalizada de la administración pública.

Las consecuencias de la corrupción han llegado a magnitudes inimaginables en casi la totalidad de los países del mundo, partiendo de la poca credibilidad y eficiencia del sistema democrático dentro del mundo globalizado forzado por oscuros intereses financieros a seguir rutas indeseables; amenazando la convivencia igualitaria de los ciudadanos; amenazando los cimientos de Estado y permitiendo un crecimiento desordenado de las funciones de ese Estado, en especial de los controles y regulaciones que estimulan el auge para nuevos focos de corrupción; la corrupción no permite el funcionamiento de ninguna dirección política, ni que se cumplan decisiones políticas en el marco de la legalidad y la equidad; se rompen los valores de las élites políticas, culturales e intelectuales; se erosiona la independencia y credibilidad en el poder judicial; en un sentido general, se perjudica el desarrollo económico de los pueblos, aumentando al fin y al cabo los precios, malgastado recursos, y bajando la calidad de los productos para pagar las comisiones ilegales.

La corrupción se combate con educación en valores, sin mayores aspiraciones que la de modelar una ciudadana o ciudadano integrado al proceso de desarrollo de su país y de su Estado. Que se sienta que pertenece a una comunidad de valores que hace respetar la constitución y la ley. La corrupción de la administración pública y política en Colombia ha llegado a cotas inimaginables basta con citar como ejemplo el caso del saqueo a la capital del país por parte de los hermanos Nule y el Alcalde de la ciudad hoy en prisión.

Altos niveles de criminalidad.

Las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza saltándose la legalidad vigente.

Eso se traduce en los bajos índices de confianza que la población tiene hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial. Al respecto se subraya que las políticas de seguridad ciudadana se han desvinculado de los compromisos internacionales sobre derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitrariamente se ha permitido la creación de fuerzas militares paralelas a las legítimamente constituidas.

Sostiene la Comisión Interamericana De derechos Humanos que, "El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población y a la inestabilidad del estado. Así, a pesar de las transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad "aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades".

Además, en varios pises se ha recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente intolerancia y estigmatización de personas o grupos.

El 23 de junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el crimen de Manuel Cepeda Vargas que se dio en el marco de un ataque sistemático en el cual agentes oficiales e ilegales se concertaron en contra de los integrantes de la Unión Patriótica; más de 4 mil de sus dirigentes y simpatizantes fueron asesinados o desaparecidos. La investigación formal de estos delitos contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, se abrió en septiembre de 2009 cuando el hijo, el ahora representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda denunció que el comandante paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ le aseguró en una entrevista realizada en una cárcel de Estados Unidos que “Narváez le había sugerido el asesinato del congresista (Manuel Cepeda) a Carlos Castaño Gil (entonces jefe máximo de las AUC)” (Ver mapa 3)

Elevado porcentaje de refugiados y desplazados.

El número de refugiados y desplazados en el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta un nivel sin precedentes, un proceso que en la próxima década no sólo no revertirá sino que aumentará, según alerta un informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El estudio, titulado “El estado de los Refugiados en el mundo” , es un compendio de los movimientos de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares en los últimos años y que residen de forma precaria sea en naciones terceras (refugiados) o en otras regiones de su propio país (desplazados internos).

Las cifras citadas en el informe van hasta 2011. El texto indica que casi 43 millones de personas en el mundo han sido forzadas a abandonar su hogar, pero sólo 34 son asistidos por el ACNUR, dado que esta lista no incluye a los casi 5 millones de refugiados palestinos que están bajo la responsabilidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ni a los cuatro millones de desplazados no atendidos. La mayor parte de los asistidos por el ACNUR son desplazados internos (más de 16 millones son los registrados, aunque se estima que alcanzan a 27 millones), por delante de los 10 millones y medio de refugiados que han huido a terceras naciones.

Otros 3 millones y medio son apátridas; casi tres millones más son desplazados internos retornados; 840.000 solicitantes de asilo; 200.000 refugiados retornados; y un grupo de 1.250.000 que no se incluyen en ninguna de estas clasificaciones pero que también cuentan con la asistencia del ACNUR.

Los factores que causaron que estas personas huyeran están creciendo, por lo que en los próximos diez años veremos más y más gente convertirse en refugiados o desplazados”.

Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.

A mediados de 1997 el Gobierno de Colombia solicitó al ACNUR prestar su asesoría a las instituciones nacionales encargadas de atender a la población desplazada, para ello era preciso que se estableciera una oficina en el país.

Con el consentimiento del Secretario General de las Naciones Unidas, el ACNUR respondió favorablemente a la solicitud del Gobierno de Colombia y en junio de 1998 abrió una oficina en Bogotá con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta al problema del desplazamiento. Actualmente el ACNUR cuenta con una oficina principal en Bogotá y otras 13 en diferentes regiones de Colombia.

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias, como generalmente ocurre, o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. A pesar de la gravedad de la situación descrita el Presidente Santos, contra toda evidencia, ha pretendido que la ONU retire el servicio de ACNUR por considerar que vulnera los intereses del estado. (Ver Mapa 3)

Degradación económica de la población.

Los conflictos civiles recientes vienen determinados no sólo por factores identitarios, sino también por los intereses económicos propios y foráneos. Los economistas neoclásicos han considerado las guerras como acontecimientos irracionales desde el punto de vista económico, pues suponen la destrucción de capital, la pérdida de ventajas comparativas para producir y la nula competitividad de los mercados etc. Sin embargo, algunos autores (Keen, De Waal, Duffield) han cuestionado esa visión, al reinterpretar los conflictos a partir de lo que denominan economía política de la guerra. En su opinión, los conflictos no provocan una destrucción irracional de la sociedad y la economía, sino una reordenación de la primera mediante unas nuevas formas de poder (los señores de la guerra), y de la segunda mediante la citada economía política de la guerra. El conflicto es el mecanismo mediante el cual se configuran y expanden esas nuevas formas de poder y de economía política, que constituyen una respuesta al debilitamiento o colapso del Estado, y a la marginación y crisis económica de la población.

La principal aportación de estos autores ha consistido en definir la funcionalidad que el conflicto cumple para cada actor del mismo. Aunque la guerra es irracional en términos macroeconómicos, para algunos genera cuantiosos beneficios económicos, por lo que no resulta tan irracional. En efecto, aunque en las guerras hay víctimas o “perdedores”, también hay “ganadores”. Son los sectores poderosos que impulsan su desarrollo (militares, políticos, financieros, multinacionales y comerciantes) que utilizan la violencia, la limpieza étnica y los desplazamientos forzosos, e incluso la hambruna deliberadamente provocada, como medios para despojar a los sectores vulnerables de sus recursos económicos (tierra, ganado, reservas forestales y mineras), o forzarles a venderlos a precio de saldo. El hostigamiento militar y paramilitar en Colombia, a los campesinos e indígenas, para arrebatarles sus tierras, es un ejemplo expedito de este caso.

Los recursos captados de esa forma se comercializan a través de complejas redes de economía paralela o clandestina, que trafican a escala nacional e internacional. Estas redes han aflorado gracias al hundimiento de la economía formal o paralelamente a ella debido a la crisis económica, así como al colapso del Estado y a la corrupción administrativa. Están controladas por empresarios, políticos y por los propios señores de la guerra, y suelen estar asociadas a determinados grupos étnicos, clanes o facciones del Estado y a empresas foráneas interesadas en la explotación de los recursos naturales. Dado el carácter ilícito de sus actividades, el mantenimiento de estas redes (la protección de sus medios logísticos, comunicaciones, zonas de control, etc.) se lleva a cabo por medios violentos, grupos paramilitares o delincuentes comunes, lo cual lleva al choque entre los grupos que las sustentan haciendo más sangriento el conflicto.

En definitiva, muchas de las guerras civiles actuales, justificadas por la confrontación étnica, religiosa o política, responden en gran medida a la lucha por el mantenimiento de una determinada economía política de la guerra, como el control de la producción y el comercio del opio en Afganistán, o el control de la producción de diamantes en Liberia o Angola. O del petróleo en los países Árabes o las explotaciones mineras o agrícolas en Colombia además del turbio manejo de las rutas del narcotráfico.

Aparición de grupos paramilitares que sustituyen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Para los estudiosos las primeras asociaciones claras entre militares y grupos paramilitares en Colombia se evidencian en la década de 1960, cuando el ejército colombiano comenzó a recibir entrenamiento contrainsurgente por parte de Estados Unidos en la Escuela de las Américas y a seguir las recomendaciones de incluir a civiles en su lucha contra las nacientes guerrillas. No era la primera vez que el ejército utilizaba civiles, de hecho durante la guerra civil entre liberales y conservadores durante los años 40 y 50 el Gobierno creó las “guerrillas de paz” para apoyar su acción militar.

En 1968 se legalizan las patrullas de civiles y sólo hasta finales de los ochenta son ilegalizados. De ahí en adelante se crearían grupos de defensa privados, con diferentes orígenes, pero siempre ligados a la ayuda militar y de inteligencia del ejército. Aunque todos los Gobiernos lo hayan siempre negado y sólo se haya comenzado a investigar a comienzos de los 90, existen muchas investigaciones de organismos nacionales e internacionales que evidencian la colaboración y la connivencia de las fuerzas armadas y los paramilitares, así como la poca voluntad política para combatirlos.

Estos grupos de defensa privada, semilla de los actuales paramilitares tienen diversos orígenes. Por una parte nacen como una respuesta de los narcotraficantes contra los secuestros de sus familiares por parte de los grupos guerrilleros. El más conocido fue el MAS –(muerte a secuestradores)- que fue organizado por Pablo Escobar y sus socios y con el que lograron liberar a una cuñada de uno de los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes. Por la misma época, los hermanos Fidel y Carlos Castaño conformaron, con ayuda de otros ganaderos y terratenientes de la región, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, un grupo armado al margen de la ley que tenía como objetivo combatir a los frentes que la guerrilla tenía en el Magdalena Medio, una de las regiones más azotadas por las extorsiones y secuestros de la guerrilla.

Pero si quedaban dudas de la intervención del estado en estos hechos aciagos el pasado 5 de septiembre el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Velez por su presunto apoyo en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. El fallo, firmado por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, solicitó investigar a Uribe después de encontrar indicios de que durante su Gobernación en Antioquia, entre los años 1995 y 1997, se creó el proyecto de Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom), que terminó por ser un “laboratorio del paramilitarismo” y promover las conocidas Convivir.

He afirmado que los Estados Fallidos son lugares donde no hay servicios básicos que cubran ampliamente a la población, ni justicia social, ni unas fuerzas de seguridad del Estado mínimamente fiables… ni, por consiguiente, una verdadera democracia. Lugares donde, en pocas palabras, la única garantía fiable es que no existen garantías. Observar el Ranking de Estados Fallidos y encontrar en él al País en que se vive es, por decir lo menos, terriblemente amargo y descorazonador.

Los Estados Fallidos no son el resultado de una coyuntura desfavorable, sino el resultado de siglos de políticas Nacionales e internacionales injustas. Sólo hay que ver que algunos de los países en lo alto del ranking han sido invadidos o tutelados por coaliciones internacionales que, sobre el papel, tenían que ayudar a mejorar la situación de esos países y que vistos los resultados han fracasado estruendosamente. Eso no quiere decir que todas las naciones en proceso de descomposición sean víctimas del olvido mundial. Irak y Afganistán, los dos frentes principales en la guerra contra el terrorismo, empeoraron a lo largo del año pasado. Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes realistas para mantener la paz y desarrollar la economía sin pensar más allá de los intereses económicos que los mueven. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también hay muchas maneras de caer en el fracaso.

Desgraciadamente, además, parece que ser un Estado Fallido es una enfermedad de la que difícilmente se puede salir, ya que, con algunas excepciones, la mayoría de estados que están en los primeros puestos del ranking han repetido los últimos años en posiciones similares. Cada Estado es un caso diferente, pero muchos son ricos en recursos naturales desde petróleo o gas, hasta minerales básicos para el desarrollo de las últimas tecnologías como el COLTAN, o unas tierras ricas para la producción agrícola, como es el caso Colombiano, donde todos estos factores se cumplen. Su riqueza no justifica su posición en esta lista. En cambio, vemos con nostalgia, como entramos en este círculo perverso y la degradación social facilita que acabemos siendo la base de todo tipo de actividades delictivas, como el comercio de armas, de drogas y de recursos naturales cedidos, sin mayores controles, a las grandes multinacionales que controlan su comercio. Además, ha de tenerse en cuenta, la corrupción administrativa desde las más altas esferas del estado, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños.

Esta situación interna y los pobres resultados de las grandes misiones mediáticas Internacionales para darles apoyo, muestran la necesidad perentoria de establecer mecanismos de control y de gobierno que permitan afrontar estas situaciones desde una óptica más razonable a medio y largo plazo, lejos de los intereses de los países que los "ayudan", cuando realmente prima un interés para controlar la gestión de los recursos naturales, tanto vegetales como minerales.

Debemos tener presente que, en estos países, la gestión de los recursos naturales y los modelos de producción están lejos de un desarrollo sostenible habida cuenta de que su legislación al respecto adolece de profundos fallos o de controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad o el acceso al agua potable son una quimera, la lucha por la conservación del medio ambiente no es sino una ilusión. Es decir, que a pesar de que exista una legislación aceptable, sencillamente es inexistente porque nadie la cumple y esto ocurre en zonas de gran riqueza biológica, con recursos hídricos importantes, amplias zonas de cultivos y riquezas en el subsuelo muy codiciadas por los grandes tiburones financieros. Un país, cualquiera que él sea, no puede darse el lujo de dejar en manos extrañas, sin controles efectivos, la explotación de sus recursos naturales.

Los estados fallidos son fracasos no solamente Nacionales, sino globales, que afectan el conjunto de naciones y que piden y necesitan legislaciones claras y respuestas globales que no afecten su estabilidad. Por ello, una buena gestión de estos estados es necesaria para construir un mundo sostenible y en paz.

Acabar con los estados fallidos es una cuestión de justicia social. Por ello, es responsabilidad de los gobernantes de todo el mundo, de toda la sociedad, implicarse en conseguir derrotar la corrupción y dotar a la justicia de todos los elementos legales indispensables para evitar que se burlen las normas que rigen el buen funcionamiento del estado, y garantizar con ello, la viabilidad económica y democrática del Estado. ¿Es una Utopía? ¡No!. Sencillamente, un acto imprescindible para todos los que vivimos en este planeta.

NO es sorprendente que dentro de esta lista de los países fallidos se encuentre Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que se afirma haber hecho en los últimos años para consolidar su legitimidad, su soberanía y su crecimiento económico, a pesar de ello, aparece en el listado con el número 52.

En el listado se tiene en cuenta la presión demográfica, el número de refugiados, el desarrollo desigual de la población, declive económico, derechos humanos, independencia judicial, servicios públicos, fuerza pública, élites faccionalizadas, grupos de presión, función democrática e intervención extranjera.

De acuerdo con el analista Larrazábal “este estudio da a conocer por tercera vez que Colombia desde el 2009 hasta este año, aparece dentro de la lista de Estados Fallidos, y de las razones que la revista esgrime esta el tema de corrupción, falta de infraestructura e incluso la aplicación al derecho en salud, conflicto interno, conflicto étnicos, refugiados entre otros” y he de agregar importantes fallos del sistema judicial colombiano.

Según el estudio, dentro de los países de Latinoamérica, Bolivia, Haití y Colombia aparecen dentro del listado, lo que es sorprendente porque quiere decir que los colombianos estamos a la par de estos dos países en cuanto a estructuración política y administrativa del Estado, lo que podría ser desproporcionado, pero no bastan los esfuerzos del Gobierno, si fallan los cuerpos colegiados en el diagnostico de los problemas y si además la Justicia que es la base de cualquier democracia se encuentra constantemente en entredicho y no hace cumplir , independientemente de a quien se aplique, la ley . Un estado que envía a sus reos al extranjero para que sean juzgados, por delitos menores, mientras que sus grandes crímenes quedan impunes, no tiene solidez, ni puede presentarse como Estado Soberano…

Es prudente anotar que a día de hoy se adelantan conversaciones de paz con las FARC en la Habana, Cuba, a instancias del Ejecutivo y con el apoyo internacional de la ONU quien ha recomendado que: ““Debe destacarse la importancia de que un proceso de negociación se enmarque en parámetros y criterios apropiados, que permitan evitar los riesgos de una negociación infructuosa con la cual se desgasten las expectativas de la población y se recrudezcan las respuestas estatales represivas. Debe tenerse presente la conveniencia de una negociación adecuadamente estructurada y de contenido, que incluya tempranamente compromisos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Asimismo, la consideración de la eventual reinserción de los alzados en armas y del tema de la reconciliación, de manera compatible con la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pueden constituirse en garantías claves para una paz sostenible” Confiamos los Colombianos que el proceso de paz no sea malogrado por los señores de la guerra.

.Recopilando diremos que, los estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad política" para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso de la destrucción" y "se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave "déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia. "

Mapa de Estados Fallidos: En color purpura los Estados Fallidos en la actualidad: Colombia en el puesto 52.

MAPA 1