MOTIVOS PARA  LA DESOBEDIENCIA CIVIL  Y LA INSURGÉNCIA.

En Colombia ya no tenemos  recuerdo cierto, fecha fija, de  cuando  se inicio la  violencia política. Todos  los  Colombianos, por  activa o por pasiva, hemos  nacido y  vivido  dentro  de  la  contienda sin  que  nadie  nos  dé  explicaciones y,  en  el  evento  de  que  las  den,  son tan parciales y  amañadas que  rozan lo irracional y provocan mas malestar que  atisbos  de  solución. Lo único  verdaderamente cierto es  que  ha  existido y existe un grupo minúsculo de ciudadanos que, prevalidos  del poder que les  han otorgado las  urnas,   le  han  sacado suculentos  beneficios  económicos  a  la  contienda,  y que gracias  al  uso  abusivo del mandato  que  les otorgaron  sus conciudadanos, para  mantenerse  al frente  del estado, ofrecen  sacar  al resto  de  la población  de  la  pobreza en  que siempre  la  han mantenido al vaivén de los  ritmos  económicos.

Es  curioso, por  decir lo menos, que con mayor o menor  fuerza todos  los  grupos  políticos de  centro, de  derecho o izquierda, ismos  mas , ismos  menos, se  declaren  adalides  en la  defensa  de los pobres. También es  cierto  que  dentro  de  estos  grupos políticos  algunos tienen un mayor  compromiso  con la  ciudadanía   que  otros. Alguno  de ellos hace un mayor  esfuerzo para  conseguir   que  la  igualdad de oportunidades, tan pregonada  en el Contrato Social, sea  una  realidad, mientras  que otros, con menos  conciencia, retuercen  la  realidad y ponen la pobreza como  si ella  fuera  culpa  de los propios pobres, es  decir, como  si  se fuera  pobre por  pereza  al trabajo y no  como producto  de una  explotación laboral injusta. Dicho de otra  forma hay  quienes  creen, de mala  fe  por  cierto, que la pobreza  es un problema  relacionado  con las  familias rotas, los problemas  de  delincuencia, la  falta  de  educación, de  cultura,  de  dependencia que  las  ayudas públicas  no hacen  sino  agravar, amén  de  otras  variables que  no  debemos  perder  de  vista  en el  análisis    de  los  problemas  sociales para darles  explicaciones  globales y  soluciones universales de  conformidad   con el  Contrato Social al  cual  nos  debemos. De otra parte,  no  debemos perder  el  punto  de  vista de la  derecha  extrema,  según el  cual,  despotricar  contra  los  pobres  es  una  buena  política toda  vez  que con  ello   se  salvan  las políticas  neo-liberales, tan  en  boga  hoy  en  día, y  que  solo  benefician a  los  grandes  pulpos  financieros  internacionales en  detrimento del resto  del  tejido  económico de una  nación, de  forma  especial,  de  los  pequeños industriales y  comerciantes , y  de manera  grave ,  de los  emprendedores.

Si  somos un poco más  exigentes tenemos  la  obligación  de  auscultar  lo  que   afirman hoy  las principales  corrientes  sociológicas  en  relación  con la  pobreza   que  azota  las  sociedades  contemporáneas por  ser  bien  diverso  a  lo  que  ocurría  en los  años  60  o 70. Antes los  salarios  subían  de  conformidad con la inflación y  en relación  con la  productividad  del trabajador, y  hoy,  de  acuerdo a  la  productividad  que  declare  la  empresa, de  buena  o de mala  fe, por  cuanto  el estado  carece  de  controles  efectivos  para  conocer  los  beneficios  de los  empresarios. Este  sistema ha  conseguido   que  la mayor  parte, casi un 80%, de la  manos  de obra haya  sufrido una  rebaja  considerable en  sus  salarios, llegando  en  un alto porcentaje  hasta  el 50%. Esta  rebaja  en  los  salarios de los  trabajadores, y no  el deterioro  social,  si  su  consecuencia, es  la  razón por la  que  la  pobreza  es  cada  día  más grave ,con  el  inconveniente  agregado que  el  país,  en general,  es  cada  vez  más pobre, los  problemas  sociales  más  acusados,  la  criminalidad en aumento, la  violencia  social  a  flor  de  piel y  la  brecha  entre  unos pocos  ricos y los pobres  cada vez  más  amplia. Dicho  con mayor  claridad,  más aun  si cabe, la  pobreza se ha  convertido  en parte  de  un problema  más  general  de  aumento  de  la  desigualdad  salarial, de una  economía  basada  en  los principios  ideológicos  del Neo-liberalismo, según la  cual todos  los  rendimientos del crecimiento económico deben ir  a  parar  a  manos  de una pequeña  élite, mientras el resto  de  la  población, a  pesar  de  su  esfuerzo laboral en las  cadenas  de montaje, debe  quedarse  atrás.

Ahora bien, ¿debe quedarse  la  ciudadanía  inerme ante  estos  hechos o debe protestar?

Seguramente la  posición más  conservadora  del  ámbito  social  responderá   que  NO SE DEBE RESPONDER. Y, como  de  costumbre,  argüirán  en  su favor  que El ESTADO es el PROBLEMA y no la SOLUCIÓN. Que  el Estado  no  debe intervenir  en la  cosa  económica dado  que  la  economía, según ellos, es  del  ámbito privado. Cuando  se trata  de  beneficios, tanto para  los  bancos como para  las  grandes  empresas y  multinacionales, los  beneficios  son privados, pero  cuando  se trata  de  perdidas, como ha  ocurrido  en esta  crisis, las  pérdidas   se   socializan y  las  pagamos,  a través  del  Estado,   todos  los  ciudadanos con lo  que  generan  sus  impuestos para  salvar  a las grandes  empresas  de  la  quiebra,  que  ellas  mismas  han  generado,  para  ampliar  sus  ganancias a  expensas  del  saqueo de  sus propios bienes.

En mi opinión los  ciudadanos, tanto  de  conformidad  con el Contrato  Social   como con nosotros mismos,  tenemos  derecho  a  la protesta , a exigir  en ella,   que  se  cumpla  la ley. No  es posible  que   el 1%  de  la población mundial viva, cómodamente,  a  expensas  del  resto, a  quienes nos tratan  como  esclavos.

Todo esto ocurre porque  el grueso  de  la población ha  olvidado cuales  son las  normas  de  convivencia  que  nos  hemos  impuesto, ni  cuales  las  razones  que  nos  llevaron  a  aceptar dicha imposición. Cuando un conglomerado  social  decide  vivir  en paz se da, para  que  se  cumplan, una  serie de  normas sin las cuales devendría imposible una mínima  convivencia, lo  que  conocemos  como “Contrato Social”. Ni que  decir que no es  necesario  citar  aquí  a  los  grandes  tratadistas  de la  teoría  del Estado   como  Juan Jacobo Rousseau. Jhon Looke o Hobbes. No hace  falta, lo  fundamental  es  saber  a  que  hemos  renunciado  voluntariamente y a  cambio de  que. En Colombia, el desconocimiento  de  estos  supuestos nos  ha arrojado  nuevamente  a  la  barbarie sin que  ningún “líder político”, ni  social, ni religioso   haya tratado  de  enmendar el rumbo. ¡No les interesa!

Entregar  parte de  la libertad  individual, abjurar  de  la  ley  del más  fuerte, abstenerse  de  la  acumulación indiscriminada de bienes abusando  del poder, evitar o controlar  los  monopolios y los  oligopólios, dotarse  de leyes  que pongan limite al enriquecimiento ilícito  de unos pocos para  evitar  el  empobrecimiento  de las  mayorías y la profunda brecha  que  abre las  desigualdades  sociales, asegurar  que  las  fuerzas y cuerpos  de  seguridad  del Estado son los  garantes  del orden público, garantizar  la  salud  y la  educación, desprenderse de parte  de las ganancias legitimas y entregarlas, en  forma  de  impuestos, al Estado como fundamento de la redistribución del ingreso, respetar  a  las  minorías y  a los  más  desafortunados, acatar  la  justicia y renunciar  a  la  venganza  dejando  a  los  jueces y  solo a  ellos  la  administración de la justicia, castigar  con severidad  a  quienes hagan uso fraudulento  del erario público  son , a  vuelo  de  pájaro, los  fundamentos  del  Contrato Social, DEL ESTADO DE  DERECHO, que  en  las  democracias, el  gobierno  de turno, represente  la  ideología  que  represente, sea  del color  que  sea, ha  de  hacer  cumplir para  beneficio  de  todos  los  asociados.

Después  de este  sucinto análisis tenemos  que  convenir que  en  Colombia, los  últimos  gobernantes,  han hecho  añicos  el  Contrato Social. Los  ciudadanos no reciben  nada  a  cambio de lo  que  se han  obligado y por  el contrario se les trata como disminuidos mentales y crece  abiertamente  y  sin  control el crimen organizado. Ante  esta  situación  llega un momento en que  no  queda  razón  alguna para  que  los  ciudadanos cumplan la parte  del pacto  del Contrato  Social al  que  voluntariamente  nos  hemos  adherido. Si  el Estado deja  de  cumplir  las  funciones para  el  cual  fue  creado, cumplimiento  total del  Contrato Social sin menoscabos y exclusiones, ¿Por qué hemos  de  pagar Presidentes, Ministros, Cuerpos Colegiados y de  ahí para  bajo?  ¿Por qué  hemos  de pagar impuestos a  quien ha  incumplido  su parte  del trato y no me proporciona, a cambio de  ellos, educación, sanidad, cultura, justicia, obras públicas, etc, etc, que  son  el  motivo por los   que  LES HEMOS  ENTREGADO PARTE  FUNDAMENTAL  DE  NUESTRAS  LIBERTADES Y DERECHOS PERSONALÍSIMOS ?  Creo, con  dolor, por lo  que  para  mí  y para  los  ciudadanos  de  bien  representa nuestro  país, que  hemos  llegado  al  extremo  en el  que  LA  DESOBEDIENCIA  CIVIL , otro concepto  clásico  que  las  nuevas  generaciones  desconocen,  está  plenamente  justificada. Si los  últimos  Gobiernos han  roto  el Contrato Social y el Estado  de  Derecho, los  ciudadanos  no tenemos  ninguna  obligación  de  seguir  cumpliéndolo. Lo  curioso  es  que   estos  gobernantes  luego  se  preguntan  sorprendidos: ¿Por qué  hay  insurgéncia? ¿A qué tanta  criminalidad?