Acusan a José Obdulio Gaviria de promover violencia contra defensores de derechos humanos
Un grupo de 63 congresistas de los Estados Unidos, acusó al consejero presidencial José Obdulio Gaviria, de promover con sus declaraciones amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. Los parlamentarios norteamericanos enviaron una carta al presidente Uribe, advirtiendo que son preocupantes las afirmaciones hechas por Gaviria, tras la marcha realizada el pasado 6 de marzo contra el paramilitarismo.
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El embajador de EEUU William Brownfield, no ocultó la importancia que tiene una declaración como la que emitieron los legisladores de su país. Los organizadores de la marcha contra el paramilitarismo, sectores de izquierda, sindicalistas y derechos humanos, dijeron que la reacción de los congresistas estadounidenses es oportuna y refleja la estigmatización a que están sometidos El presidente de la ONG Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento Cohdes, Marco Romero, catalogó como peligrosas las declaraciones en las que José Obdulio Gaviria relaciona la marcha del 6 de marzo con la guerrilla. Por su parte, el secretario general de la CGT Julio Roberto Gómez, catalogó las declaraciones del asesor presidencial como una aventura desafortunada. Carta publicada por la agencia AP 63 congresistas señalan a asesor de Uribe en muerte de activistas Sesenta y tres congresistas demócratas señalaron a un asesor del presidente Álvaro Uribe como responsable indirecto de una serie de asesinatos de dirigentes y activistas ocurridos en Colombia luego de una marcha el mes pasado contra la violencia de grupos paramilitares, según una carta difundida el martes. En la misiva enviada el lunes 14 a Uribe los legisladores dicen que desde que su asesor presidencial José Obdulio Gaviria ha formulado sus comentarios refiriéndose peyorativamente a los organizadores de la marcha del 6 de marzo, seis dirigentes populares han sido asesinados y muchos atacados físicamente y hostilizados. "Le pedimos adoptar una posición pública firme en apoyo de quienes promueven y protegen los derechos humanos", dijeron los firmantes, todos miembros de la Cámara de Representantes, según copia de la carta difundida en una actividad en el Capitolio relacionada con el tratado bilateral de libre comercio. La actividad fue coordinada por el presidente de la federación sindical AFL-CIO, John Sweeney, para hablar justamente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes sindicales y activistas de los derechos civiles, a la semana siguiente de que la mayoría opositora demócrata cerrara momentáneamente toda posibilidad de debate legislativo del tratado. "En este contexto de violencia, resulta casi imposible a los trabajadores ejercer sus derechos laborales básicos", dijo Sweeney, cuya agrupación ha sido históricamente fuente de votos para candidatos demócratas. "Muchos han optado silenciarse para protegerse a sí mismos y sus familias, o simplemente guardan silencio en el trabajo". El senador Sherrod Brown, de Ohio, uno de los miembros del Congreso presente en la actividad, dijo que la oposición al tratado colombiano era "una cuestión moral" para quienes creen en las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos. Con el propósito de presionar el debate del tratado en 90 días, el presidente George W. Bush lo envió al Congreso sin tener acuerdo bipartidista. Pero la mayoría demócrata desactivó esa prerrogativa presidencial y sumió la suerte del tratado comercial en la incertidumbre. Los congresistas le dicen a Uribe que Gaviria ha estado refiriéndose desde el 10 de febrero a los organizadores de la marcha contra los abusos de los paramilitares como "aliados o integrantes" de la guerrilla de las FARC. "Sus declaraciones no son sólo inexactas sino peligrosas, y le pedimos que usted distancie claramente a su gobierno de esos comentarios", dijo. Iván Cepeda Castro, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), uno de los organizadores de la marcha contra los paramilitares y también presente en el Capitolio, cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Uribe de que los paramilitares han sido desmovilizados. "Todavía están operando como en el pasado", afirmó. Cepeda Castro y Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se presentaron horas antes en un coloquio en el Di logo Interamericano y dijeron que el tratado comercial tenía un potencial de "ampliar la base social" del narcotráfico en Colombia. Rojas explicó que los pequeños empresarios y campesinos colombianos no tenían prisa por el tratado porque allí se generaría unas 700.000 nuevas familias desplazadas que se unirían a los cuatro millones que ya ha generado el conflicto interno en más de cuatro décadas, y que al no tener futuro pueden terminan sembrando coca para el narcotráfico. "Los que tienen prisa son los grandes empresarios y capitalistas", señaló.
Juan Armando Rojas
TOMADO DE MEDIOS INDEPENDIENTES.
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