¿HACIA DÓNDE VAMOS?

¿Hacia Dónde Vamos?
Cuando George W. Bush se decidió a intervenir en Irak, la decisión parecía una perla más del largo collar de acciones militaristas que caracterizaron su administración. Ahora que Barack Obama se apresta a desplegar las fuerzas del Comando Sur en siete bases militares colombianas, algunos nos sentimos traicionados por los buenos modos con que engalanó, el nuevo presidente, sus primeros meses en la Casa Blanca. Más difícil es asumir que hay continuidades entre ambas administraciones, y que no se deben a alguna intrínseca maldad de los presidentes, sino al desarrollo normal de la `política Norteamericana diseñada, con anterioridad, por el pentágono..
Tanto el Plan Colombia como las negociaciones para utilizar las siete bases se toman entre pequeños grupos de “especialistas” y luego serán refrendadas en votación parlamentaria que difícilmente hace otra cosa que avalar decisiones ya tomadas. Es el funcionamiento, poco democrático, de las actuales democracias.
La diplomacia brasileña, consciente de que el despliegue del Comando Sur va contra la hegemonía de Brasil en Sudamérica y de una mayor integración del cono sur, ha formulado una pregunta incómoda. Si el presidente Álvaro Uribe asegura que las FARC están muy disminuidas y al borde de la aniquilación, ¿cómo se justifica el incremento de la presencia militar estadunidense? No hay respuesta porque el objetivo no son las FARC ni el narcotráfico, sino la intensificación del control del continente y de las rutas que se dirigen hacia África, así como la desposesión gradual de los bienes comunes como plantea sin vueltas el informe 2009 Global En Route Strategy, de la fuerza aérea.
En América Latina África y Asia, hay una feroz competencia, de las compañías multinacionales y los países ricos, por los bienes comunes del tercer mundo: agua, biodiversidad, minerales, combustibles fósiles, monocultivos para biocombustibles. La región andina proporciona 25 por ciento del petróleo que consume Estados Unidos y la Amazonia contiene buena parte de las riquezas que, de controlarlas, podrían alargar la vida de la primera potencia. La reciente oferta de la petrolera estatal china por 84 por ciento de Repsol YPF muestra que la lucha por los energéticos se desarrolla con toda ferocidad en Sudamérica. La región andina, plagada de emprendimientos mineros canadienses y estadunidenses, es un espacio decisivo para la consolidación de las multinacionales mineras en busca de oro y metales estratégicos, así como la desposesión de tierras, por compra o por arrendamientos a largo plazo. una ventana abierta a los biocombustibles.
La compra de tierras fértiles o arrendamientos a largo plazo por parte de los países ricos a los países pobres, principalmente de la India, África y América Latina, que les aseguren el suministro de alimentos, agua, minerales y combustibles ante el crecimiento constante de su población, el alto coste de la energía, el agotamiento de los recursos hídricos, el encarecimiento de los productos básicos están detrás de esta operación que traerá a los países donde se aplique funestas consecuencias económicas y sociales a medio y a largo plazo. Este sistema conocido como “Land grabbing” o apropiación de tierras es mucho más grave de los que parece. Sus defensores lo avalan con el recurso de que será beneficioso para los países que lo acepten toda vez que contribuirá al desarrollo de las zonas afectadas mediante la apertura de mercados para los productos agrícolas, la creación de infraestructuras como puertos, carreteras y el aumento de la productividad. Los detractores hacemos notar que, esta estrategia lo que pretende es esquilmar al máximo los recursos naturales de los países afectados que, de hecho, ya sufren las consecuencias sin haber recibido nada a cambio, salvo la degradación sostenida y constante del medio ambiente. Los ejemplos son múltiples y variopintos sin que haya cambiado el nivel de miseria y hambre de las poblaciones donde se han instalado las nuevas empresas.
El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, “IIED” sus siglas en ingles, en un estudio publicado en el mes de mayo certifica que, la apropiación de tierras es un fenómeno en asenso, con el consiguiente desplazamiento interno de campesinos pobres, expulsados generalmente de sus tierras, que son luego vendidas o arrendadas a países foráneos o a multinacionales avaladas por estos. La lista de países compradores es amplia y abierta, en ella figuran en primera línea China, Corea del sur, La India, Los países del Golfo pérsico, algunos países europeos, Canadá y Estados Unidos. Estos países, ricos, en lugar de depender del libre mercado mundial, que tanto defienden, prefieren adquirir tierras para producir alimentos o biocombustibles que luego exportan a sus países. Como ejemplo puede citarse el contrato que forzó la destitución del presidente de Madagascar, que garantizaba el suministro de maíz a Corea del Sur y reducía su dependencia de estados Unidos, primer exportador del mundo, con una cuota del 60% de este mercado. El contrato en cuestión le cedía a la multinacional Daewoo la explotación de 1.3 millones de hectáreas durante un periodo de 99 años.
En el año 2006, aproximadamente entre 20 y 25 millones de hectáreas de tierra han cambiado de manos en los países pobres con un valor conjunto que llega a los 30.000 o 35000 millones de dólares. Sudan, uno de los países más afectados por este sistema tiene firmados acuerdos con empresas Sur Coreanas por 700.000 hectáreas para cultivo de trigo y con los Emiratos Árabes por 400.000 hectáreas, con la compañía Norte Americana Jarch Capital, se ha firmado otro convenio para explotar otras 400.000 hectáreas. En Mali, el gobierno Libio a firmado un acuerdo para cultivar 100.000 hectáreas de arroz. Etec.etc.
Los acuerdos se hacen generalmente a espaldas de las comunidades afectadas que, mediante este recurso, quedan impedidas sin voz y sin voto para denunciar los abusos que se cometan y de medios legales para exigir el cumplimiento de los contratos y el respeto al medio ambiente que, por el uso de pesticidas y abonos. es degradado casi hasta la desertización y cuya recuperación, es por decir lo menos, casi que imposible. Todo ello sin tener en cuenta que los países beneficiarios de dichos contratos, llevan para la explotación a sus propios trabajadores, desconociendo la mano de obra local.
Los Gobernantes de los países pobres deben tener en cuenta estos hechos lamentables y expedir leyes que regulen estos procesos internamente teniendo en cuenta el impacto de la adquisición de tierras, por este procedimiento, sobre las poblaciones locales así como la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento estricto de las normas del comercio internacional. No debemos olvidar que la FAO ha denunciado que, el aumento de las compras de tierras en países pobres coincide con un agravamiento de la situación alimentaria mundial. Según la FAO 1000 millones de personas pasan hambre en el mundo con los consiguientes peligros para la paz y la seguridad mundial.

Carlos Herrera Rozo