MAS SOBRE LO MISMO…
He leído, en los últimos días, el libro “La Teoría
de la Cosa Pública” de James M.
Buchanan, quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la
teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además
que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a
efectos de hacer posible la elección entre los diversos partidos o ideologías
existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio
Nobel de economía en 1986. Si bien es cierto que no estoy en todo de acuerdo
con él, no es menos cierto que varios de sus conceptos tienen cabida dentro de
cualquier sistema democrático abierto.
Los economistas se han dedicado, por entero, a estudiar con toda dedicación
y esfuerzo el funcionamiento de los mercados, pero con raras excepciones a
explicar las decisiones políticas, sin percatarse de que la maquinaria del estado maneja tantos
o más recursos que el sector privado. Es
curioso, por decir lo menos, que no se hayan usado los recursos de la ciencia
económica y sus potentes instrumentos para analizar en profundidad los
comportamientos de la cosa pública en el funcionamiento del Estado. Antes de
las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era
mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados y una alta
tasa de bienestar público en los países desarrollados. En este contexto, James
Buchanan, premio nobel de economía, se preocupó esencialmente por entender
"cómo funciona la política en la práctica"... Con él nació la teoría
de la toma de las decisiones públicas, una nueva rama de la economía para adaptar las decisiones públicas a las
necesidades básicas del estado sin perder de vista el interés general.
El "homo politicus" es "homo economicus" y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por
su propio interés alejado del interés general. Ello que se requiera de nuevos
enfoques de la teoría política dentro de la vida constitucional para evitar, en
lo posible, movimientos perversos que perjudiquen a la población en la que se
aplican sus principios. Precisamente, esta delegación en la toma de decisiones hace que las
pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales, los servicios
públicos y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas
en manos de políticos con compromisos poco éticos que no necesariamente se guían por el
"bien común".
La ciencia económica basa sus análisis en las
motivaciones de los consumidores, financieros, inversores, empresarios, etc., sustentados
en el interés individual. Ahora bien, la visión que se tiene de los gobiernos es bien diferente:
damos por sentado que su acción debe de ser paternalista, desinteresada y generosa
buscando con afán el bien común. Pero nos encontramos, más pronto que tarde,
con déficit presupuestarios, crecimiento inadecuado de la administración pública,
corrupción en la toma de decisiones para favorecer a determinados grupos de
presión, fenómenos que deben desaparecer
en el manejo del estado y ser, por consiguiente, incompatibles con el
buen funcionamiento de la cosa pública. Lo cierto es que los políticos actúan mas guiados por sus
mezquinos intereses que por favorecer el bien común…
Esta forma de actuar ha permeado todos los
estamentos sociales y se ha apoderado,
de alguna forma, de la conciencia colectiva: hacer dinero pronto y fácil
es el leit motiv de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué ha sido
tan fácil aceptar esta conducta delictiva? No requeriremos de demasiada
imaginación y perspicacia para encontrar sus causas mediatas e inmediatas: La
clase dirigente Colombiana, política, empresarial, financiera y comercial se ha
dedicado más, en los últimos cincuenta
años, al saqueo del estado que al servicio a la comunidad a la cual dicen que
sirven. Lo verdaderamente lamentable es
que la corrupción que observamos todos los días en las altas esferas del
estado no ha sido fácil de asimilar por
la sociedad en general toda vez que el
mundo de la política, su discurso, insiste en su motivación generosa y desinteresada
para ocultar, mañosamente, sus verdaderos intereses y motivaciones egoístas. Sostienen
campañas intensas por los medios de comunicación, para desviar la atención de
los ciudadanos, para impedir a toda costa y sin conflicto, que tan corrosivas
ideas y actitudes criminales puedan ser analizadas por la comunidad en general.
Como quiera que tengamos que aceptar el
carácter interesado de la política también debemos exigir que se establezcan
nuevas reglas y controles apropiados para que el sistema gubernativo cumpla sus
funciones, aceptablemente, aunque los individuos que gestionen la cosa pública sean egoístas e interesados.
Es decir, que debe diseñarse una estructura estatal Constitucional lo
suficientemente rígida que reglamente los incentivos de los dirigentes políticos
de manera que sea difícil que pasen por encima de los intereses generales. En
otras palabras, debemos exigir que la maquinaria del estado deba funcionar con
independencia de que los políticos sean estos generosos o egoístas, sancionando la corrupción con penas lo suficientemente
duras para que, quien piense delinquir,
sepa cuál será el monto de su delito
contra toda la sociedad.
Soy un demócrata convencido pero he de
reconocer, como muchos lectores, que el voto es un instrumento insuficiente,
imperfecto e indirecto para el buen
funcionamiento del estado, entre otras muchas razones, porque el ciudadano no
está lo suficientemente informado, pero sí lo suficientemente desinformado por
los mas media, para asistir a las urnas
concienzudamente. Los costes para obtener una información relevante que le
permitan al ciudadano tomar una decisión consiente son muy elevados dado que
tendrá que investigar en fuentes diversas para tener una respuesta satisfactoria a sus dudas y votar
en consecuencia. El ciudadano es consciente, además, de que su voto individual
no tiene repercusión alguna sobre el resultado final de las elecciones. En
síntesis, tendremos que convenir que, un gobierno al cual los ciudadanos solo
tienen acceso para su control cada cuatro años tendera a favorecer sus
intereses egoístas y a alejarse cada vez
mas de los intereses de la ciudadanía si no existen elementos
constitucionales de control efectivos. En el caso Colombiano, el problema
tiende a agravarse cada vez más, toda vez que, las listas electorales son
cerradas y manejadas a dedo por los dirigentes de los partidos políticos y a
que la casta política Colombiana se mantiene estrechamente unida por lazos
familiares, estrechos vínculos económicos y la misma ideología en la
comprensión del Estado.
El Economista James Buchanan, premio nobel de
Economía, propone una estructura de elección colectiva en dos niveles: política
ordinaria, para la toma de decisiones del día a día y la política
Constitucional o el procedimiento por el cual se rigen las reglas de juego, trabas y restricciones,
normas legales de estricto cumplimiento y sanciones ejemplares para su
incumplimiento, dentro de las cuales deben
actuar obligatoriamente las decisiones gubernamentales. Es la norma
constitucional la que requiere un diseño meditado y acotado a los intereses de
la sociedad, en la que se ha de aplicar, teniendo siempre en cuenta que el
hombre, el ciudadano, sustituye con mucha facilidad el imperio de la ley, cuando este es flácido
y permisivo, por las complejidades de la corrupción y el soborno. Es aquí, y no
en otra parte, donde debemos buscar las
causas fundamentales del rotundo fracaso del sistema político Colombiano,
viciado desde su raíz y carente de las normas legales y constitucionales
apropiadas para detener el caos que nos coloca en la lista de Estados Fallidos
en el puesto Nº 52.
Una de las líneas de investigación de la “Cosa pública” fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas”,
dado que las decisiones gubernativas tienden
a favorecer a determinados grupos de
poder dejando de lado el interés general. Los grupos de presión, especialmente
los empresariales y de forma considerable los dedicados a la especulación con
el ladrillo gastan inmensos recursos económicos con el objetivo de adquirir el
favor de la clase gobernante: Una simple regulación que impida el acceso libre de los
competidores al mercado, ayudas generosas a una industria concreta, contratos
públicos en condiciones ventajosas,
tratos fiscales laxos, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a sus
destinatarios enormes beneficios que de
otra manera serian difíciles de conseguir, de ahí , de su privilegio, se deduce
su carácter de renta no competitiva.
Ante la
perspectiva de tanta lluvia de millones,
obtenidos con tanta facilidad, los grupos empresariales se muestran
dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o
transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de
administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político
hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como
Colombia, los gobernantes promulguen una
auténtica salva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la
competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés
general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de
excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron sus
voluntades. Un ejemplo desgraciado de estos malos manejos es el del generall (r) Santoyo,
con quien paso algo similar: si bien es cierto que este alto ex oficial tuvo,
para vergüenza nacional, relaciones con los paramilitares y con la ‘Oficina de
Envigado’, el ex presidente Uribe no fue el único que lo protegió en el
pasado. A Santoyo lo ayudó gran parte de
la clase dirigente del país, la gran mayoría pendiente de sus intereses y de obtener más ganancias por medios
ilícitos, los otros, los menos, absolutamente ciegos sobre sus macabras
relaciones. Del ex general ¿Queremos
saber qué pasó? Claro que sí. Los
tribunales de Justicia tienen la obligación imperativa de dilucidar
responsabilidades ante la opinión pública nacional y no ceder las
responsabilidades en terceros, además
foráneos, ajenos a la realidad nacional.
A la hora de medir estas cantidades, nos sorprendemos. A pesar de los miles de
millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos
empresariales sólo necesitan gastar una pequeña fracción de todo ese montante
para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes reciben muy poco en
relación a lo que conceden. Quizás nunca lleguemos a conocer el volumen que
alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales que las grandes
empresas pagan a los políticos en Colombia habida cuenta de la manifiesta
dejación de los órganos de justicia sobre el estricto cumplimiento de sus
competencias. No debemos olvidar que los hombres están lejos de la redención,
que la única solución consiste en comparar unas ambiciones con otras y unos
intereses con otros y en comprender, para bien o para mal, que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos leyes
fuertes y bien estructuradas y normas constitucionales inflexibles que las
hicieran cumplir. Así mismo tenemos que entender que no se puede cambiar la
mentalidad y el corazón de una persona
al cabo de siglos de dificultades, luchas
y odios en cuestión de semanas o meses. No es posible. Así que tenemos
la doble tarea de recuperar el Estado para el servicio de los ciudadanos y de reeducar
a los ciudadanos para el servicio de la nación.
Carlos Herrera Rozo.
