LIBERALISMO Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La seguridad  democrática se incluye entre esas palabras cajón de sastre a las cuales ya casi nadie  prestamos atención puesto que nos son familiares y, por lo mismo, a veces, demasiado extrañas, tan acostumbrados  estamos  a  la  represión. Erigida en prioridad política desde hace unos cuarenta años, esta nueva denominación del mantenimiento del orden a menudo cambia de pretexto (LA SUVBERSION  POLÍTICA, EL “TERRORISMO”, EL COMUNISMO, LA  IZQUIERDA , LA CRIMINALIDAD COMUN, EL PARAMILITARISMO,  ETC,ETC...), pero conserva su propósito: controlar a las poblaciones e impedir  su  libre  y  normal  desarrollo  de conformidad  con EL PACTO SOCIAL  QUE  SE  HA  DADO PARA  VIVIR  EN CONVIVENCIA..  Para comprender y desbaratar la razón de la seguridad  del  estado, hay que entender su origen y remontarse a finales del siglo XVIII…y siguientes…

Fue George Washington, protestante convencido que dispuso que en su losa funeraria se reprodujera Juan 11:25-26, el que afirmó que “la verdadera religión proporciona al gobierno su más seguro apoyo”. 

"El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen."

Samuel Adams, uno de los principales provocadores del movimiento de independencia con sus The Rights of Colonists as Subjects  (Los Justos Derechos  de los Colonos de su Majestad) (1772) no sólo vio con claridad que el poder tenía que estar dividido y separado a causa de la Caída sino que además indicó que los derechos de los americanos “pueden ser mejor entendidos leyendo y estudiando cuidadosamente las instituciones del Gran Legislador y la Cabeza de la Iglesia cristiana, que se encuentran claramente escritas y promulgadas en el Nuevo Testamento”.

“No se necesita una mayoría para prevalecer... sino más bien una minoría furiosa, incansable, deseoso de establecer brushfires (INCENDIOS) de la libertad en las mentes de los hombres”.

 .

Patrick Henry –que en una carta a su hija escrita en 1796 enfatizó que la religión era mucho más importante que la política– afirmó categóricamente: “los hombres malos no pueden ser buenos ciudadanos. Es imposible que una nación de infieles o idólatras sea una nación de hombres libres”.

 "Los caballeros pueden gritar Paz, Paz-- pero no hay paz ¡De hecho, la guerra ha empezado! ¡El próximo vendaval que venga del norte traerá a nuestros oídos el ruido de armas entrechocando! ¡Nuestros hermanos ya están en el campo! ¿por qué permanecer aquí inactivos? ¿Qué es lo que desean los caballeros? ¿Qué prefieren tener? ¿Es la vida tan preciada, o la paz tan dulce, como para que se compre al precio de cadenas y esclavitud? ¡No lo permitas, Dios Todopoderoso! No sé qué camino pueden tomar otros; pero en lo que respecta a mí, denme libertad o denme muerte".

Alexis de Tocqueville, el erudito liberal que estudió la democracia como pocos, pudo escribir de los Estados Unidos: “el modelo bíblico de “una ciudad en la colina” era el objetivo relevante de la acción política. Los predicadores puritanos pidieron el establecimiento de una “Santa comunidad” gobernada según los modelos derivados de los principios cristianos de moralidad y justicia”.

“El comercio es el enemigo natural de todas las pasiones violentas; hace a los hombres independientes los unos de los otros y les da una alta idea de su importancia personal , que les lleva a querer gestionar sus propios asuntos y les enseña a tener éxito en ellos. Por lo tanto, los inclina a la libertad, pero poco a la revolución”.

Por añadidura, en no pocas ocasiones, la lucha por las libertades acabó reduciéndose a un enfrentamiento feroz entre un deseo de la iglesia católica de mantener privilegios frente al empuje de la masonería  y el comunismo que la veía como a una rival peligrosa, pero que tampoco aspiraba a la democracia sino a un gobierno en la sombra con ropajes democráticos, además de los  mezquinos  intereses  privados que  exigían, de  los  partidos  políticos, su  cuota en  el  reparto  del pastel del  estado.  El resultado de ese trasfondo fue lo mismo el Terror de la Revolución Francesa que desembocó en la dictadura de Napoleón que el proceso independentista de Hispanoamérica dirigido por una Logia masónica – la Logia Lautaro – a la que pertenecieron Bolívar o San Martín entre otros y en cuyas constituciones se indicaba taxativamente que no habría democracia tras la desaparición del poder colonial español sino un gobierno en la sombra sostenido, entre otras circunstancias, por un control de los medios de comunicación y de la  hacienda pública por los intereses privados. Entre esas concepciones y el espíritu de los puritanos media un abismo y no debería sorprendernos que los resultados hayan sido tan diferentes  a  lo  esperado.

La Doctrina de la Seguridad Nacional en Colombia  es un modelo político y militar, fruto de la guerra fría, diseñado por Estados Unidos para ser aplicado sobre América Latina con el fin de detener la consolidación del “comunismo” y los  movimientos  sociales progresistas en esta parte del globo después del triunfo de la Revolución Cubana hacia los años 60. Empero pese a la caída del muro de Berlín tal modelo ha sobrevivido en el sistema político colombiano a lo largo de su historia; cobrando especial vigencia bajo el signo de la Seguridad Democrática con el Presidente Alvaro Uribe  Velez, que  bien puede  dibujarse  en  el  siguiente  dialogo:

El Gobernador:

-Vuestro gobernador os saluda y se alegra de veros reunidos como de costumbre en estos lugares, en medio de las ocupaciones que constituyen la riqueza y la paz de Cádiz. No, decididamente nada ha cambiado, y eso es bueno. Los cambios me irritan, me gustan mis costumbres.

-Un hombre del pueblo:

-No, gobernador, nada ha cambiado en verdad, y nosotros los pobres podemos asegurártelo. Los fines de mes son bien apretados. Nos alimentamos de cebolla, pan y aceitunas, y estamos contentos de saber que otras gentes comen siempre el domingo puchero de gallina.

 Esta mañana ha habido ruido en la ciudad y por encima de la ciudad. En verdad, hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo de que algo cambiara y que, de repente, los miserables se vieran obligados a alimentarse de chocolate. Pero gracias a tus cuidados, buen gobernador, se nos hizo saber que no ha ocurrido nada y que nuestros oídos habían oído mal. Otra vez nos sentimos seguros contigo

-El Gobernador:

-El gobernador se alegra mucho. Nada bueno hay en lo nuevo.

-Los alcaldes:

-¡Bien habló el gobernador! Nada bueno hay en lo nuevo. Nosotros, alcaldes, con la sabiduría que confieren los años, queremos creer que nuestros buenos pobres no han querido adoptar un aire irónico. La ironía es una virtud que destruye. Y un buen gobernador prefiere los vicios que construyen.

-El Gobernador:

-¡Durante la espera, que nadie se mueva! ¡Soy el rey de la inmovilidad!...-

Tomado de El Estado de Sitio, espectáculo en tres partes, Albert Camus, Alianza Editorial, Madrid 1972

Mirar detrás  de  las palabras para  saber lo  que  realmente  se  dice   es  una  costumbre poco  habitual entre  los  seres  humanos, sin terminar  de  comprender  que,  de  tarde  en tarde, las palabras cambian  su  contenido transformándose al mismo  ritmo  en  que  la  sociedad  cambia  de  modas, valores  y  costumbres. Por  ello  nos  es  tan  difícil  a veces  comprender  en  el  argot  político  lo  que   el  líder  de  turno   quiere  significar  en  su  discurso, tanto más  cuanto  que, lo  que  dice,  difiere  en lo  fundamental  de  lo que  piensa movido por  intereses  ajenos, por  su propio interés o por  desconocimiento, o conocimiento a medias, de los principios ideológicos  que defiende. Así. por  ejemplo, hablar  de  la palabra Democracia nos  remitiría  a  la  Grecia  de hace  2500 años y  a  su  iniciador  Clistenes quien  dio los primeros  pasos   dándole a sus “ciudadanos”  cierta  participación  en el manejo  de  la  COSA PUBLICA. Luego  pasamos por  los  criterios ideológicos  de   de Platón y Aristóteles, Maquiavelo y,  de  sobre salto  en  sobre salto, llegamos  a los  siglos XVIII Y XIX y  a los  nuevos  pensadores del Estado  como Locke, Hobbes, Voltaire, Rousseau, Hegel, kelsen, Marx y otros que, de  sus  lecturas deducimos las  diferencias  de criterio que  le  dan  contenido, según el  autor, a la  palabra  Democracia.

De la  misma  forma podemos  proceder   con el  vocablo LIBERAL, hoy  tan  en  boga  en  todas  las  gargantas, pero  cuya   comprensión, aun para  los  expertos , es cada  vez  más  difícil dado  a la  multiplicidad  de  matices que  se  le  ha  dado  a  su   significado. Realicemos  un pequeño recorrido por  esta  acepción a través del  tiempo:

A finales del Siglo XVIII los pensadores  de la Ilustración Stuart Mill, Adams Smith, John Locke, Hume, Voltaire y otros consiguen, con  sus  nuevas  teorías, que este  vocablo  cambie  su  naturaleza que  hasta  entonces estaba  orientado  a  significar   al  hombre que  era  de  espíritu  abierto, tolerante y amplio , en las  relaciones  con los demás,  sin ninguna  connotación política  ni religiosa. A partir  del Siglo XVIII  con  dicho  vocablo se  significo la  lucha  contra la  esclavitud, la  servidumbre y la  intervención del Estado  en los  asuntos privados, defendiendo la propiedad privada, la  competencia, el  libre comercio, el individualismo y  el rechazo a  los  dogmas  y  el  absolutismo. En el siglo XIX se entiende por liberal  al  libre pensador, laico, que  cree  en la  necesidad  de  la  separación de la Iglesia  y  el  estado, la  educación libre  que  permita al  hombre emanciparse del oscurantismo medieval  que  aun arrastra, la  eliminación legal  de  los  regímenes totalitarios que  permitan la  eliminación  de  los  enfrentamientos  civiles. El Liberal  se  convierte  en el  defensor  de  los  derechos  humanos y  de  la  democracia como  producto DE LA REVOLUCION FRANCESA  y las  nuevas  ideas  de los  enciclopedistas.

El siglo XX  se inicia con la  difusión de las ideas Marxistas y el  socialismo; los liberales influidos por los  más  radicales y los  economistas al servicio del poder  financiero desdibujan el sentido político del movimiento apartando  cada vez  más  al  estado de  sus  obligaciones  de  arbitro  entre  la  sociedad y  el  buen  desarrollo del  sistema económico y la  propiedad privada  sin perder de vista  el  interés  general. El liberalismo  deja  de  ser  la  vanguardia política al  compartir con los  conservadores la  defensa  del Capitalismo y  de  los  mercados alejados  del poder regulador  del Estado, en el  entendimiento, según su  criterio, de  que  los  mercados  por  si  solos ,  sin la intervención  estatal,  están  en  capacidad   de  regularse  a sí  mismos y de  equilibrar y repartir  la  riqueza  entre la sociedad quitándole al  fisco, vía  impuestos, la  justa  redistribución  del ingreso. La polarización  del sistema  comunista obliga a gran parte de sus  afiliados a la  creación del   socialismo democrático y a  tomar posiciones  centristas  más  acordes con  el interés de las  mayorías  sociales y a  convertirse, por  fuerza, en  el representante  de  los  intereses  populares. La  desnaturalización de las  doctrinas liberales, el apego  a tesis  económicas alejadas  de  su propia ideología para  ganar  votantes  dentro  de  las  grandes  fortunas, consiguieron crear  el  dogma inédito, hasta  entonces, de  que  el  liberalismo garantizaría la  libertad  de  mercados y la  resolución con ello  de   las  diferencias  sociales. Con tales  dogmatismos han  confundido  su  campo  de  acción  con  la derecha política e  inclusive  con  el  neo-fascismo a través  del  neo –liberalismo  defendido, por  unos  y por  otros, a  expensas  de ingentes  sacrificios  sociales. Hoy  es  tal  la  confusión  de  los  diferentes  roles  ideológicos   de  los  partidos políticos que Gobiernos  como  el  de Pinochet  en Chile, Margaret Thatcher en el Reino  Unido, Reagan en Estados Unidos, Santos en Colombia o Rajoy  en España  son liberales gracias  a  las privatizaciones  de  las  empresas públicas, a la  reducción  de los  derechos  laborales  de las clases  trabajadoras, al impulso  del individualismo y  de  la libertad  sin fronteras  de  los  grandes  capitales y grupos  financieros sacrificando, sin esperanzas, a los  que  menos  tienen y a  la oprimida clase  media. El liberalismo  que  debía  proteger a un amplio espectro  de  la población que por  principios ideológicos   compartía un denominador  común se plegó a los intereses. Económicos y abandono  los principios  sociales propios de su corpus programático. En algunos países desarrollados, con democracias  estables, socialistas, socialdemócratas, liberales y conservadores han establecido  consensos  que permiten  cierta estabilidad  política  e  institucional  que le  dan  equilibrio  a  las políticas  sociales  y económicas amenazado hoy  por  el  neo-liberalismo, el  neofascismo, grupos  de ultraderecha y comunistas  a ultranza que  aun  luchan por  mantenerse dentro  del espectro político contemporáneo. Es  verdad  que  el  comunismo ha desaparecido  como régimen político pero también es  cierto  que  las  causas  de  su  aparición, de su poder   de  conquista de la  conciencia  social  aun  sigue  vigente mientras  no  desaparezcan las  grandes  desigualdades  sociales  que  le dieron  origen  al  movimiento.

En América Latina la  estabilidad política sigue  siendo precaria, los  riesgos de regresión a épocas  oscuras siempre  están presentes, la  cultura democrática dentro  de  las  distintas clases  sociales es escasa, opaca y deformada; como ejemplos de  democracias asentadas en América Latina  podrían citarse  a  Uruguay y Costa Rica. Es  cierto  que  las  dictaduras  en  esta  parte  del  mundo  han  desaparecido pero perviven las  diferencias  sociales,  las  desigualdades económicas y  culturales dentro  de  los  diferentes  grupos  sociales  del continente haciendo  cada vez  más precaria la  estabilidad  política y  más  difícil  de  erradicar los  movimientos  subversivos y ciudadanos   que  exigen mayor participación política y un mayor  consenso  en las  decisiones   que  afectan   a  todos  los ciudadanos por igual sin que encuentren eco dentro  de  la  clase política  dominante. Al parecer la  clase política no ha  entendido, quizás debido  a  su presencia permanente generación tras generación en los puestos  de  comando, que  la  democracia para  serlo obedece  a  la  permanente  participación  ciudadana en las   grandes  decisiones  del Estado y no  solamente  en las  elecciones. Cuando los  gerifaltes  de la política  comprendan  que  el libre  disenso, la  libertad ideológica, social, cultural, económica y  la  justicia  social hacen  avanzar las  sociedades hacia  un mayor principio de  equidad  en la  riqueza,  en  derechos, en oportunidades y, por  consiguiente, en la  coexistencia pacífica con respeto al contrato social  no saldremos  del  subdesarrollo, del populismo, del clientelismo  y  de  los  conflictos  sociales  que  impiden  el  normal  desarrollo de  la  democracia y  de  la  sociedad.

En estas  últimas tres   décadas  el  desmantelamiento  del Estado ha  estado a  la  orden  del día. El neo liberalismo ha  impulsado  la  idea de  que  el Estado debe  reducirse  al máximo para  que  sea  eficiente permitiendo  que  los  grandes  grupos financieros multinacionales , industriales y comerciales tomen  el  control  de  la  economía, incluidos  los  servicios  públicos, con  el  argumento  de  que  los  mercados  se  regulan  solos permitiendo  una  mayor y mejor  distribución  de la  riqueza en un régimen  de  mercado libre, universal, para  darle  paso  a  las   compañías  multinacionales, en  donde, por  convenios  multilaterales que  rozan lo inconstitucional,  se proteja y se  respete la propiedad privada. Al  estado  solo le  quedara, de  continuar   con  este  proceso, el  ejercicio  de  la  fuerza, el orden público y  el establecimiento del orden legal ciego y cojitranco  toda  vez  que   la  salud  y  la  educación paulatinamente  han ido  pasando  a  manos  privadas. Este tipo de reformas sin consenso  social han producido más mal  que  bien polarizando la sociedad y los  partidos políticos tanto  de derechas  como  de  izquierdas prestándole  un flaco  favor  a  la  democracia y permitiendo, a  petición  de parte  interesada, que  los  gobiernos refuercen la  seguridad para  mantener  el orden publico  a  expensas de  los  derechos  personalísimos  de  los  ciudadanos, violando los  derechos  humanos y la  legalidad  vigente. Es prudente  recordar  aquí  a  Benjamin Franklin  quien  afirmaba:

“No es posible que nosotros hayamos pensado en someternos a un Gobierno que con el mayor desenfreno, salvajismo y crueldad ha quemado nuestras ciudades indefensas , excitado a los salvajes a asesinar a nuestros pacíficos labradores, a nuestro gobierno que aún ahora está trayendo mercenarios extranjeros para anegar en sangre a nuestros colonos. Estas atroces felonías han extinguido la última chispa de afecto por ese país pariente que tanto amamos en otro tiempo...” Volviendo a la Seguridad Democrática vale tener presente,  según nos cuenta  Ryszard Kapuscinsky , que  en enero  de 1974  el general Abebe Beleta  se  detuvo en el Cuartel Gode durante una  visita  de inspección… Al día  siguiente  llego  al palacio de  el Emperador  de Etiopia:  el general había  sido arrestado por los  soldados, que le obligaban a comer lo mismo que ellos. Unos alimentos  en estado  de putrefacción que  algunos temen  que el general  enferme y muera. El Emperador  envió  una  patrulla  aerotransportada de su  guardia  personal. que  libero  al  general y  lo llevo  al  hospital. Esta historia  nos pone  al frente de la  realidad  que  hoy  vivimos  en muchos  lugares  del mundo donde por imposición y para  preservar intereses privados  el  Estado  endurece  las  normas  de  convivencia violentando la  legalidad constitucional  que  juro  defender. El neoliberalismo y la  Seguridad Democrática  se  han  emparentado  para impedir  el  acceso  de  los  ciudadanos al ejercicio pleno  de  sus  derechos  democráticos. Luis Carlos Restrepo  antes  de  entrar  a formar parte  del  gobierno de Uribe como Alto Comisionado para la Paz escribió  en  su libro “Mas allá del Terror” Abordaje Cultural de la Violencia en Colombia  que, “La violencia en Colombia es un mecanismo para  la  conservación de prejuicios y jerarquías. La fragilidad  de  nuestra vida civil reside precisamente en la tentación de los  estadistas a inclinarse por la  represión y la  guerra cuando se sienten acorralados y confrontados. El líder aparece entonces investido  de una fuerza  sanadora  que le permite recurrir  a  la  violencia para “proteger la integridad del cuerpo social”. La negrilla  y el entrecomillado  es mío. Este  fragmento  nos  revela la  verdad  de la  Seguridad  Democrática, sin olvidar que  el New York Times dedico a la ley de Justicia y paz un editorial titulado : “Colombia Capitula ante la Mafia Terrorista”  en el  que  afirma que  debería  llamarse “la ley de la impunidad  para asesinos  en masa, terroristas y grandes narcotraficantes. De todo lo anterior  se  deduce  que  en Colombia  la  violencia política ha  corrompido  a  la  democracia. Los  crímenes y las  amenazas de muerte determinan  quien  controla  el poder y la  riqueza, hechos  que  se  manifiestan  en la  estrecha  relación  entre  los  grupos paramilitares, los partidos políticos, las fuerzas y cuerpos  de seguridad  del estado, las  elites  económicas y  el  ingreso  al país gracias  a  convenios  multilaterales  de  las   compañías  multinacionales.  Lo que  está  en juego  es  el  futuro  del país: si sus  instituciones  podrán librarse del control de  quienes  recurriendo al crimen organizado mantienen  el  ejercicio del poder. El tema  de  fondo  en Colombia, a  día  de  hoy, va  mas  allá de salvaguardar  el proceso  de paz, aunque  también, y  de poner   en  negro sobre blanco toda  la  verdad y  garantizar  la  justicia por las  atrocidades cometidas. Si lo  conseguimos habremos  salvado las instituciones  democráticas  alejando  el país y  a  las  nuevas  generaciones  de  ciudadanos  de la  violencia política, de la  corrupción generalizada y  del baño  de sangre  que  durante  tanto  tiempo hemos  padecido. Carlos Herrera Rozo.

MOTIVOS PARA  LA DESOBEDIENCIA CIVIL  Y LA INSURGÉNCIA.

En Colombia ya no tenemos  recuerdo cierto, fecha fija, de  cuando  se inicio la  violencia política. Todos  los  Colombianos, por  activa o por pasiva, hemos  nacido y  vivido  dentro  de  la  contienda sin  que  nadie  nos  dé  explicaciones y,  en  el  evento  de  que  las  den,  son tan parciales y  amañadas que  rozan lo irracional y provocan mas malestar que  atisbos  de  solución. Lo único  verdaderamente cierto es  que  ha  existido y existe un grupo minúsculo de ciudadanos que, prevalidos  del poder que les  han otorgado las  urnas,   le  han  sacado suculentos  beneficios  económicos  a  la  contienda,  y que gracias  al  uso  abusivo del mandato  que  les otorgaron  sus conciudadanos, para  mantenerse  al frente  del estado, ofrecen  sacar  al resto  de  la población  de  la  pobreza en  que siempre  la  han mantenido al vaivén de los  ritmos  económicos.

Es  curioso, por  decir lo menos, que con mayor o menor  fuerza todos  los  grupos  políticos de  centro, de  derecho o izquierda, ismos  mas , ismos  menos, se  declaren  adalides  en la  defensa  de los pobres. También es  cierto  que  dentro  de  estos  grupos políticos  algunos tienen un mayor  compromiso  con la  ciudadanía   que  otros. Alguno  de ellos hace un mayor  esfuerzo para  conseguir   que  la  igualdad de oportunidades, tan pregonada  en el Contrato Social, sea  una  realidad, mientras  que otros, con menos  conciencia, retuercen  la  realidad y ponen la pobreza como  si ella  fuera  culpa  de los propios pobres, es  decir, como  si  se fuera  pobre por  pereza  al trabajo y no  como producto  de una  explotación laboral injusta. Dicho de otra  forma hay  quienes  creen, de mala  fe  por  cierto, que la pobreza  es un problema  relacionado  con las  familias rotas, los problemas  de  delincuencia, la  falta  de  educación, de  cultura,  de  dependencia que  las  ayudas públicas  no hacen  sino  agravar, amén  de  otras  variables que  no  debemos  perder  de  vista  en el  análisis    de  los  problemas  sociales para darles  explicaciones  globales y  soluciones universales de  conformidad   con el  Contrato Social al  cual  nos  debemos. De otra parte,  no  debemos perder  el  punto  de  vista de la  derecha  extrema,  según el  cual,  despotricar  contra  los  pobres  es  una  buena  política toda  vez  que con  ello   se  salvan  las políticas  neo-liberales, tan  en  boga  hoy  en  día, y  que  solo  benefician a  los  grandes  pulpos  financieros  internacionales en  detrimento del resto  del  tejido  económico de una  nación, de  forma  especial,  de  los  pequeños industriales y  comerciantes , y  de manera  grave ,  de los  emprendedores.

Si  somos un poco más  exigentes tenemos  la  obligación  de  auscultar  lo  que   afirman hoy  las principales  corrientes  sociológicas  en  relación  con la  pobreza   que  azota  las  sociedades  contemporáneas por  ser  bien  diverso  a  lo  que  ocurría  en los  años  60  o 70. Antes los  salarios  subían  de  conformidad con la inflación y  en relación  con la  productividad  del trabajador, y  hoy,  de  acuerdo a  la  productividad  que  declare  la  empresa, de  buena  o de mala  fe, por  cuanto  el estado  carece  de  controles  efectivos  para  conocer  los  beneficios  de los  empresarios. Este  sistema ha  conseguido   que  la mayor  parte, casi un 80%, de la  manos  de obra haya  sufrido una  rebaja  considerable en  sus  salarios, llegando  en  un alto porcentaje  hasta  el 50%. Esta  rebaja  en  los  salarios de los  trabajadores, y no  el deterioro  social,  si  su  consecuencia, es  la  razón por la  que  la  pobreza  es  cada  día  más grave ,con  el  inconveniente  agregado que  el  país,  en general,  es  cada  vez  más pobre, los  problemas  sociales  más  acusados,  la  criminalidad en aumento, la  violencia  social  a  flor  de  piel y  la  brecha  entre  unos pocos  ricos y los pobres  cada vez  más  amplia. Dicho  con mayor  claridad,  más aun  si cabe, la  pobreza se ha  convertido  en parte  de  un problema  más  general  de  aumento  de  la  desigualdad  salarial, de una  economía  basada  en  los principios  ideológicos  del Neo-liberalismo, según la  cual todos  los  rendimientos del crecimiento económico deben ir  a  parar  a  manos  de una pequeña  élite, mientras el resto  de  la  población, a  pesar  de  su  esfuerzo laboral en las  cadenas  de montaje, debe  quedarse  atrás.

Ahora bien, ¿debe quedarse  la  ciudadanía  inerme ante  estos  hechos o debe protestar?

Seguramente la  posición más  conservadora  del  ámbito  social  responderá   que  NO SE DEBE RESPONDER. Y, como  de  costumbre,  argüirán  en  su favor  que El ESTADO es el PROBLEMA y no la SOLUCIÓN. Que  el Estado  no  debe intervenir  en la  cosa  económica dado  que  la  economía, según ellos, es  del  ámbito privado. Cuando  se trata  de  beneficios, tanto para  los  bancos como para  las  grandes  empresas y  multinacionales, los  beneficios  son privados, pero  cuando  se trata  de  perdidas, como ha  ocurrido  en esta  crisis, las  pérdidas   se   socializan y  las  pagamos,  a través  del  Estado,   todos  los  ciudadanos con lo  que  generan  sus  impuestos para  salvar  a las grandes  empresas  de  la  quiebra,  que  ellas  mismas  han  generado,  para  ampliar  sus  ganancias a  expensas  del  saqueo de  sus propios bienes.

En mi opinión los  ciudadanos, tanto  de  conformidad  con el Contrato  Social   como con nosotros mismos,  tenemos  derecho  a  la protesta , a exigir  en ella,   que  se  cumpla  la ley. No  es posible  que   el 1%  de  la población mundial viva, cómodamente,  a  expensas  del  resto, a  quienes nos tratan  como  esclavos.

Todo esto ocurre porque  el grueso  de  la población ha  olvidado cuales  son las  normas  de  convivencia  que  nos  hemos  impuesto, ni  cuales  las  razones  que  nos  llevaron  a  aceptar dicha imposición. Cuando un conglomerado  social  decide  vivir  en paz se da, para  que  se  cumplan, una  serie de  normas sin las cuales devendría imposible una mínima  convivencia, lo  que  conocemos  como “Contrato Social”. Ni que  decir que no es  necesario  citar  aquí  a  los  grandes  tratadistas  de la  teoría  del Estado   como  Juan Jacobo Rousseau. Jhon Looke o Hobbes. No hace  falta, lo  fundamental  es  saber  a  que  hemos  renunciado  voluntariamente y a  cambio de  que. En Colombia, el desconocimiento  de  estos  supuestos nos  ha arrojado  nuevamente  a  la  barbarie sin que  ningún “líder político”, ni  social, ni religioso   haya tratado  de  enmendar el rumbo. ¡No les interesa!

Entregar  parte de  la libertad  individual, abjurar  de  la  ley  del más  fuerte, abstenerse  de  la  acumulación indiscriminada de bienes abusando  del poder, evitar o controlar  los  monopolios y los  oligopólios, dotarse  de leyes  que pongan limite al enriquecimiento ilícito  de unos pocos para  evitar  el  empobrecimiento  de las  mayorías y la profunda brecha  que  abre las  desigualdades  sociales, asegurar  que  las  fuerzas y cuerpos  de  seguridad  del Estado son los  garantes  del orden público, garantizar  la  salud  y la  educación, desprenderse de parte  de las ganancias legitimas y entregarlas, en  forma  de  impuestos, al Estado como fundamento de la redistribución del ingreso, respetar  a  las  minorías y  a los  más  desafortunados, acatar  la  justicia y renunciar  a  la  venganza  dejando  a  los  jueces y  solo a  ellos  la  administración de la justicia, castigar  con severidad  a  quienes hagan uso fraudulento  del erario público  son , a  vuelo  de  pájaro, los  fundamentos  del  Contrato Social, DEL ESTADO DE  DERECHO, que  en  las  democracias, el  gobierno  de turno, represente  la  ideología  que  represente, sea  del color  que  sea, ha  de  hacer  cumplir para  beneficio  de  todos  los  asociados.

Después  de este  sucinto análisis tenemos  que  convenir que  en  Colombia, los  últimos  gobernantes,  han hecho  añicos  el  Contrato Social. Los  ciudadanos no reciben  nada  a  cambio de lo  que  se han  obligado y por  el contrario se les trata como disminuidos mentales y crece  abiertamente  y  sin  control el crimen organizado. Ante  esta  situación  llega un momento en que  no  queda  razón  alguna para  que  los  ciudadanos cumplan la parte  del pacto  del Contrato  Social al  que  voluntariamente  nos  hemos  adherido. Si  el Estado deja  de  cumplir  las  funciones para  el  cual  fue  creado, cumplimiento  total del  Contrato Social sin menoscabos y exclusiones, ¿Por qué hemos  de  pagar Presidentes, Ministros, Cuerpos Colegiados y de  ahí para  bajo?  ¿Por qué  hemos  de pagar impuestos a  quien ha  incumplido  su parte  del trato y no me proporciona, a cambio de  ellos, educación, sanidad, cultura, justicia, obras públicas, etc, etc, que  son  el  motivo por los   que  LES HEMOS  ENTREGADO PARTE  FUNDAMENTAL  DE  NUESTRAS  LIBERTADES Y DERECHOS PERSONALÍSIMOS ?  Creo, con  dolor, por lo  que  para  mí  y para  los  ciudadanos  de  bien  representa nuestro  país, que  hemos  llegado  al  extremo  en el  que  LA  DESOBEDIENCIA  CIVIL , otro concepto  clásico  que  las  nuevas  generaciones  desconocen,  está  plenamente  justificada. Si los  últimos  Gobiernos han  roto  el Contrato Social y el Estado  de  Derecho, los  ciudadanos  no tenemos  ninguna  obligación  de  seguir  cumpliéndolo. Lo  curioso  es  que   estos  gobernantes  luego  se  preguntan  sorprendidos: ¿Por qué  hay  insurgéncia? ¿A qué tanta  criminalidad?

¿COLOMBIA, UN ESTADO FALLIDO?

¿Colombia un estado fallido?

Estuve en Bogotá del 2 de Octubre de 2012 al 2 de Enero del 2013  y pude  comprobar, de primera mano, leyendo los periódicos de la ciudad, escuchando las noticias por la TV, oyendo la radio y visitando a mis amigos, de los cuales solo diré que están en la universidad, en el parlamento, en la judicatura y, algunos, más bien escasos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado. De todas estas fuentes extraje, para disgusto mío y también de ellos, que Colombia, esa tierra nuestra, verde y herida, es un país, gracias a las clases dirigentes Políticas, Económicas, Financieras y Administrativas un estado fallido, lo afirmo con tristeza y corrijo a aquellos que desde oscuras atalayas, me acusan, sin justificación alguna, de hablar mal de mi país, de ser comunista y de pertenecer a las farc, así como agradezco a todos aquellos que me ayudaron en la comprensión del problema.

Los estados fallidos son un concepto relativamente nuevo que, desde que en 2005 cuando el Foreign Policy  comenzó a publicar el Índice de Estados Fallidos, se ha ido difundiendo. Hablar de estados fallidos es un concepto amplio y no pocas veces confuso que lleva a algunos equívocos, pero que, cada vez se utiliza más por  aquellos que se dedican a dilucidar los problemas de la geopolítica internacional  y nacional en este mundo globalizado. (VER MAPA  1)

Uno de los axiomas de la era moderna que todo el mundo acepta es que la distancia, que  antes  nos  separaba, ha dejado de importar. Una matanza sectaria puede influir en los mercados de valores del otro lado del planeta. Unas ciudades anárquicas y llenas de bazares al aire libre pueden poner en peligro la seguridad de la única superpotencia mundial. El comportamiento errático de un dirigente aislado no sólo hace que sea aún más miserable la vida de los millones de pobres sobre los que gobierna, sino que da un vuelco al régimen de no proliferación nuclear. En otras palabras, las amenazas de los Estados débiles tienen una onda expansiva que va mucho más allá de sus fronteras y pone en peligro el desarrollo y la seguridad de países totalmente opuestos en lo económico y en lo político.

El complejo fenómeno del fracaso de una nación es tema de muchas discusiones, pero sigue comprendiéndose muy poco. Los problemas que acosan a los Estados en proceso de desintegración suelen ser muy similares: corrupción generalizada, clases dirigentes depredadoras que monopolizan el poder desde hace mucho tiempo, ausencia del imperio de la ley, graves divisiones étnicas o religiosas y desplazamientos forzados  de  la  población. Pero eso no significa que las soluciones a estos problemas deban estar cortadas por el mismo patrón. Los países en trance de fracasar difieren mucho entre sí. Myanmar (antigua Birmania) y Haití son dos de los países más corruptos del mundo, según la organización Transparencia Internacional, pero la represora junta militar de Myanmar persigue a las minorías étnicas y somete a su población a desplazamientos forzosos, mientras que Haití sufre las ruinosas consecuencias de la pobreza extrema, el desorden y la violencia urbana. En Colombia  la  presencia  de  grupos  armados  de  diferente  índole, guerrillas, fuerzas paramilitares, criminales comunes y fuerza pública, mantienen  al país  en permanente estado de  zozobra. Durante 10 años, Guinea Ecuatorial ha experimentado uno de los mayores crecimientos económicos del África subsahariana, pero su riqueza se ha utilizado para engordar las cuentas corrientes de la élite acomodada. Y en la República Democrática del Congo, la incapacidad del Gobierno para vigilar sus fronteras y administrar su vasta riqueza mineral, en poder  de las  multinacionales, ha hecho que el país dependa de la ayuda extranjera.

De alguna manera podremos afirmar que los estados fallidos son aquellos que no tienen una estructura político-administrativa que pueda garantizar un funcionamiento mínimo.  El término Estado Fallido es empleado por  politólogos, periodistas y comentaristas políticos para describir un  estado Soberano  que se considera, ha fallado en la garantía de los servicios básicos y donde la corrupción ha permeado todos los estratos de la sociedad. El centro de estudios  Fund for Peace  ha propuesto los siguientes nueve parámetros para hacer más comprensible  el concepto:  (Ver Listado de Países Fallidos)

1

Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

El territorio es el espacio material (físico, psicológico) que precisa una determinada especie para garantizar su supervivencia; el establecimiento de los límites de dicho espacio responderá a lo que determinen los intereses de la especie en cuestión. Los estudiosos del comportamiento de las especies animales le denominan instinto territorial. Desde una perspectiva sociológica, el territorio ha sido definido como la parcela geográfica que sirve de hábitat exclusivo a un grupo de seres humanos o a un individuo. Las guerras intestinas y la  falta  de  control del  estado de los  diferentes  grupos  armados  en  conflicto permiten los  desplazamientos  humanos y  el  saqueo  de  tierras  y  bienes haciendo imposible el control territorial y por  consiguiente el uso legitimo de la  fuerza. Todo el territorio colombiano está en la  actualidad  afectado por  el  conflicto  armado y la  delincuencia  común. (Ver Mapa 1)

2

Erosión de la autoridad legítima en la toma de

Decisiones.

Dice relación a un Estado que no es efectivo, y no es capaz de aplicar sus leyes de manera uniforme, registrando por ende, altas tasas o registros de criminalidad, corrupción política,  mercado informal, burocracia, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política, o poderes civiles no estatales, con presupuesto y poder político muy superiores al del propio Gobierno, como es el caso  de las  multinacionales que  aprovechan el desorden general o participan activamente  de él para ampliar su margen de beneficios. En Colombia multinacionales como Monsanto o las  explotaciones  mineras mantienen  fuerzas paramilitares  a  su  servicio bajo  la  tapadera  de  vigilancia privada..

3

Incapacidad para suministrar servicios básicos.

Los impactos de mayor preocupación aun se encuentran a menudo a escala doméstica y comunitaria, y se relacionan con las deficiencias de infraestructura y servicios urbanos. Los habitantes de las urbes, particularmente los pobres, soportan la mayoría de las condiciones del ambiente deteriorado mediante la pérdida de salud y productividad y la disminución de la calidad de vida al carecer de  los  servicios básicos,  educación, salud, electricidad, agua potable etc.. Se elevan, a la  vez, los costos de la explotación de los recursos y su distribución (p.ej. agua, electricidad, combustibles, educación, salud e impuestos varios) a medida que se acaban los recursos económicamente asequibles y de alta calidad. Las poblaciones  indígenas  y  campesinas colombianas  carecen de los principales  servicios públicos, agua potable, centros  de  salud, escuelas etc. Y  en  las  grandes  urbes la  educación,   la  salud y el trabajo digno  no cubren las necesidades  de la población más  necesitada.

4

Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Se puede decir que un estado tiene "éxito" y aceptación internacional cuando, en los términos de Max Weber, mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de sus fronteras. Cuando no se da esta condición (por ejemplo cuando dominan el panorama los señores de la guerra, los grupos paramilitares, y/o se presentan sistemáticas acciones terroristas), la existencia misma del Estado resulta dudosa, y se considera que es fallido perdiendo, por esta connotación, que  se  le  tenga  en  cuenta, como estado  de  pleno derecho,  en  las  decisiones internacionales.

No en  balde, en Colombia, la  organización Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) tiene un informe en el que detalla la presencia de grupos armados en las diferentes regiones del país, la consolidación de esos actores como influyentes o dominantes en los territorios y las zonas donde hierve el conflicto, debido a enfrentamientos de esos grupos contra la fuerza pública o combates entre los mismos grupos ilegales pervierte ante terceros países la  validez de las  decisiones  gubernamentales  del país…

                                           5

          Corrupción generalizada de la  administración pública.

Las consecuencias de la corrupción han llegado a magnitudes inimaginables en  casi la totalidad  de  los  países del  mundo, partiendo de la poca  credibilidad y eficiencia del sistema democrático dentro  del  mundo globalizado forzado por oscuros intereses financieros  a seguir rutas indeseables; amenazando la convivencia igualitaria de los ciudadanos; amenazando los cimientos de Estado y permitiendo un crecimiento desordenado de las funciones de ese Estado, en especial de los controles y regulaciones que estimulan el auge para nuevos focos de corrupción; la corrupción no permite el funcionamiento de ninguna dirección política, ni que se cumplan decisiones políticas en el marco de la legalidad y la equidad; se rompen los valores de las élites políticas, culturales e intelectuales; se erosiona la independencia y credibilidad en el poder judicial; en un sentido general, se perjudica el desarrollo económico de los pueblos, aumentando al fin y al cabo los precios, malgastado recursos, y bajando la calidad de los productos para pagar  las comisiones ilegales.

La corrupción se combate con educación en valores, sin mayores aspiraciones que la de modelar una ciudadana o ciudadano integrado al proceso de desarrollo de su país y de su Estado. Que se sienta que pertenece a una comunidad de valores que hace respetar la constitución y la ley. La  corrupción  de la  administración pública  y política  en Colombia  ha  llegado  a  cotas inimaginables  basta  con  citar  como ejemplo el caso  del saqueo   a la  capital del país por parte  de  los  hermanos Nule y  el Alcalde  de la  ciudad hoy en prisión.

6

                       Altos niveles de criminalidad.

Las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza saltándose la legalidad vigente.

Eso se traduce en los bajos índices de confianza que la población tiene hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial. Al respecto  se subraya que las políticas de seguridad ciudadana se han desvinculado de los compromisos internacionales sobre derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitrariamente se ha permitido la creación de fuerzas militares paralelas a las  legítimamente constituidas.

Sostiene la Comisión Interamericana De derechos Humanos que, "El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población y a la  inestabilidad del estado. Así, a pesar de las transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad "aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades".

Además, en varios pises se ha recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente intolerancia y estigmatización de personas o grupos.

El 23 de junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el crimen de Manuel Cepeda Vargas que se dio en el marco de un ataque sistemático en el cual agentes oficiales e ilegales se concertaron en contra de los integrantes de la Unión Patriótica; más de 4 mil de sus dirigentes y simpatizantes fueron asesinados o desaparecidos. La investigación formal de estos delitos contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, se abrió en septiembre de 2009 cuando el hijo, el ahora representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda denunció que el comandante paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ le aseguró en una entrevista realizada en una cárcel de Estados Unidos que “Narváez le había sugerido el asesinato del congresista (Manuel Cepeda) a Carlos Castaño Gil (entonces jefe máximo de las AUC)”  (Ver mapa 3)

7

     Elevado porcentaje de refugiados y desplazados.  

El número de refugiados y desplazados en el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta un nivel sin precedentes, un proceso que en la próxima década no sólo no revertirá sino que aumentará, según alerta un informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

 El estudio, titulado “El estado de los Refugiados en el mundo” , es un compendio de los movimientos de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares en los últimos  años y que residen de forma precaria sea en naciones terceras (refugiados) o en otras regiones de su propio país (desplazados internos).

 Las cifras citadas en el informe van hasta 2011. El texto indica que casi 43 millones de personas en el mundo han sido forzadas a abandonar su hogar, pero sólo 34 son asistidos por el ACNUR, dado que esta lista no incluye a los casi 5 millones de refugiados palestinos que están bajo la responsabilidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ni a los cuatro millones de desplazados no atendidos. La mayor parte de los asistidos por el ACNUR son desplazados internos (más de 16 millones son los registrados, aunque se estima que alcanzan a 27 millones), por delante de los 10 millones y medio de refugiados que han huido a terceras naciones.

Otros 3 millones y medio son apátridas; casi tres millones más son desplazados internos retornados; 840.000 solicitantes de asilo; 200.000 refugiados retornados; y un grupo de 1.250.000 que no se incluyen en ninguna de estas clasificaciones pero que también cuentan con la asistencia del ACNUR.

Los factores que causaron que estas personas huyeran están creciendo, por lo que en los próximos diez años veremos más y más gente convertirse en refugiados o desplazados”.

Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.

A mediados de 1997 el Gobierno de Colombia solicitó al ACNUR prestar su asesoría a las instituciones nacionales encargadas de atender a la población desplazada, para ello era preciso que se estableciera una oficina en el país.

Con el consentimiento del Secretario General de las Naciones Unidas, el ACNUR respondió favorablemente a la solicitud del Gobierno de Colombia y en junio de 1998 abrió una oficina en Bogotá con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta al problema del desplazamiento. Actualmente el ACNUR cuenta con una oficina principal en Bogotá y otras 13 en diferentes regiones de Colombia.

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias, como generalmente ocurre, o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. A pesar de la  gravedad  de  la  situación descrita  el Presidente Santos, contra toda evidencia, ha pretendido  que  la ONU  retire  el servicio  de ACNUR  por  considerar que  vulnera los intereses del estado. (Ver Mapa 3)

8

             Degradación  económica de la población.

Los conflictos civiles recientes vienen determinados no sólo por factores identitarios, sino también por los intereses económicos propios y foráneos. Los economistas neoclásicos han considerado las guerras como acontecimientos irracionales desde el punto de vista económico, pues suponen la destrucción de capital, la pérdida de ventajas comparativas para producir y la nula  competitividad  de los  mercados etc. Sin embargo, algunos autores (Keen, De Waal, Duffield) han cuestionado esa visión, al reinterpretar los conflictos a partir de lo que denominan economía política de la guerra. En su opinión, los conflictos no provocan una destrucción irracional de la sociedad y la economía, sino una reordenación de la primera mediante unas nuevas formas de poder (los señores de la guerra), y de la segunda mediante la citada economía política de la guerra. El conflicto es el mecanismo mediante el cual se configuran y expanden esas nuevas formas de poder y de economía política, que constituyen una respuesta al debilitamiento o colapso del Estado, y a la marginación y crisis económica  de la población.

La principal aportación de estos autores ha consistido en definir la funcionalidad que el conflicto cumple para cada actor del mismo. Aunque la guerra es irracional en términos macroeconómicos, para algunos genera cuantiosos beneficios económicos, por lo que no resulta tan irracional. En efecto, aunque en las guerras hay víctimas o “perdedores”, también hay “ganadores”. Son los sectores poderosos que impulsan su desarrollo  (militares, políticos, financieros, multinacionales y comerciantes) que utilizan la violencia, la limpieza étnica y los desplazamientos forzosos, e incluso la hambruna     deliberadamente provocada, como medios para despojar a los sectores vulnerables de sus recursos económicos (tierra, ganado, reservas forestales y mineras), o forzarles a venderlos a precio de saldo. El hostigamiento militar  y paramilitar en Colombia, a los campesinos e indígenas,  para  arrebatarles  sus  tierras, es un ejemplo expedito de este caso.

Los recursos captados de esa forma se comercializan a través de complejas redes de economía paralela o clandestina, que trafican a escala nacional e internacional. Estas redes han aflorado gracias al hundimiento de la economía formal o paralelamente a ella debido a la crisis económica, así como al colapso del Estado y a la corrupción administrativa. Están controladas por empresarios, políticos y por los propios señores de la guerra, y suelen estar asociadas a determinados grupos étnicos, clanes o facciones del Estado y a  empresas foráneas interesadas en la explotación de los recursos naturales. Dado el carácter ilícito de sus actividades, el mantenimiento de estas redes (la protección de sus medios logísticos, comunicaciones, zonas de control, etc.) se lleva a cabo por medios violentos, grupos paramilitares o delincuentes comunes, lo cual lleva al choque entre los grupos que las sustentan haciendo más sangriento el conflicto.

En definitiva, muchas de las guerras civiles actuales, justificadas por la confrontación étnica, religiosa o política, responden en gran medida a la lucha por el mantenimiento de una determinada economía política de la guerra, como el control de la producción y el comercio del opio en Afganistán, o el control de la producción de diamantes en Liberia o Angola. O del petróleo  en los  países  Árabes o las explotaciones mineras o agrícolas en Colombia además del turbio manejo de las rutas del narcotráfico.

9

Aparición de grupos paramilitares que sustituyen los cuerpos y     fuerzas de seguridad del estado.

Para los estudiosos las primeras asociaciones claras entre militares y grupos paramilitares en Colombia se evidencian en la década de 1960, cuando el ejército colombiano comenzó a recibir entrenamiento contrainsurgente por parte de Estados Unidos  en la Escuela  de las Américas y a seguir las recomendaciones de incluir a civiles en su lucha contra las nacientes guerrillas. No era la primera vez que el ejército utilizaba civiles, de hecho durante la guerra civil entre liberales y conservadores durante los años 40 y 50 el Gobierno creó las “guerrillas de paz” para apoyar su acción militar.

En 1968 se legalizan las patrullas de civiles y sólo hasta finales de los ochenta son ilegalizados. De ahí en adelante se crearían grupos de defensa privados, con diferentes orígenes, pero siempre ligados a la ayuda militar y de inteligencia del ejército. Aunque todos los Gobiernos lo hayan siempre negado y sólo se haya comenzado a investigar a comienzos de los 90, existen muchas investigaciones de organismos nacionales e internacionales que evidencian  la colaboración y la connivencia de las fuerzas armadas y los paramilitares, así como la poca voluntad política para combatirlos.

Estos grupos de defensa privada, semilla de los actuales paramilitares tienen diversos orígenes. Por una parte nacen como una respuesta de los narcotraficantes contra los secuestros de sus familiares por parte de los grupos guerrilleros. El más conocido fue el MAS –(muerte  a  secuestradores)- que fue organizado por Pablo Escobar y sus socios y con el que lograron liberar a una cuñada de uno de los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes. Por la misma época, los hermanos Fidel y Carlos Castaño conformaron, con ayuda de otros ganaderos y terratenientes de la región, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, un grupo armado al margen de la ley que tenía como objetivo combatir a los frentes que la guerrilla tenía en el Magdalena Medio, una de las regiones más azotadas por las extorsiones y secuestros de la guerrilla.

Pero si quedaban dudas  de la intervención del estado en estos hechos aciagos el pasado 5 de septiembre el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Velez por su presunto apoyo en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. El fallo, firmado por los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, solicitó investigar a Uribe después de encontrar indicios de que durante su Gobernación en Antioquia, entre los años 1995 y 1997, se creó el proyecto de Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom), que terminó por ser un “laboratorio del paramilitarismo” y promover las conocidas Convivir. 

He afirmado que  los Estados Fallidos  son lugares donde no hay servicios básicos que cubran ampliamente a la población, ni justicia social, ni unas fuerzas de seguridad del Estado mínimamente fiables… ni, por consiguiente, una verdadera democracia. Lugares donde, en pocas palabras, la única garantía fiable es que no existen garantías. Observar el Ranking de Estados Fallidos y encontrar en él al País en que se vive es, por decir lo menos, terriblemente amargo y descorazonador.

Los Estados Fallidos  no son el resultado de una coyuntura desfavorable, sino el resultado de siglos de políticas Nacionales  e  internacionales injustas. Sólo hay que ver que algunos de los países en lo alto del ranking han sido invadidos o tutelados por coaliciones internacionales que, sobre el papel, tenían que ayudar a mejorar la situación de esos países y que vistos los resultados han fracasado estruendosamente.  Eso no quiere decir que todas las naciones en proceso de descomposición sean víctimas del olvido mundial. Irak y Afganistán, los dos frentes principales en la guerra contra el terrorismo, empeoraron a lo largo del año pasado. Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes realistas para mantener la paz y desarrollar la economía sin pensar más allá  de  los intereses económicos  que  los  mueven. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también hay muchas maneras de caer en el fracaso.

Desgraciadamente, además, parece que ser un Estado Fallido  es una enfermedad de la que difícilmente se puede salir, ya que, con algunas excepciones, la mayoría de estados que están en los primeros puestos del  ranking han repetido los últimos años en posiciones similares. Cada Estado es un caso diferente, pero muchos son ricos en recursos naturales desde petróleo o gas, hasta minerales básicos para el desarrollo de las últimas tecnologías como el COLTAN, o unas tierras ricas para la producción agrícola, como es el caso Colombiano, donde  todos estos factores se cumplen. Su riqueza no justifica su posición en esta lista. En cambio,  vemos con nostalgia,  como entramos en  este círculo perverso y la degradación social facilita que acabemos  siendo la base de todo tipo de actividades  delictivas, como el comercio de armas, de drogas y de recursos naturales  cedidos, sin mayores controles, a las grandes multinacionales que controlan su comercio. Además, ha de tenerse en cuenta, la corrupción administrativa desde las más altas esferas del estado, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños.

Esta situación interna y los pobres resultados de las grandes misiones mediáticas  Internacionales para darles apoyo, muestran la necesidad  perentoria de establecer mecanismos de control  y  de gobierno que permitan afrontar estas situaciones desde una óptica más razonable a medio y largo plazo, lejos de los intereses de los países que los "ayudan", cuando realmente prima un interés para controlar la gestión de los recursos naturales, tanto vegetales  como minerales.

Debemos tener presente  que, en estos países, la gestión de los recursos naturales y los modelos de producción están lejos de un desarrollo sostenible habida cuenta de que su legislación al respecto adolece  de profundos fallos o de controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad o el acceso al agua potable son una quimera, la lucha por la conservación del medio ambiente no es sino una ilusión. Es decir, que a pesar de que exista una legislación aceptable, sencillamente es inexistente  porque nadie la cumple  y esto ocurre en zonas de gran riqueza biológica, con recursos hídricos importantes, amplias zonas de cultivos y riquezas  en el subsuelo muy codiciadas por los  grandes tiburones financieros. Un país, cualquiera que él sea, no puede darse el lujo de dejar en manos extrañas, sin controles efectivos, la explotación de sus recursos naturales.

Los estados fallidos son fracasos no solamente Nacionales, sino globales, que afectan el conjunto de naciones y que piden y necesitan  legislaciones claras  y respuestas globales que no afecten su estabilidad. Por ello, una buena gestión de estos estados es necesaria para construir un mundo sostenible y en paz.

Acabar con los estados fallidos es una cuestión de justicia social. Por ello, es responsabilidad de los gobernantes de todo el mundo, de toda la sociedad,  implicarse  en conseguir  derrotar la corrupción  y dotar a la justicia  de  todos los elementos legales indispensables para evitar que se burlen las normas que rigen el buen funcionamiento del estado, y garantizar con ello, la viabilidad económica y democrática del Estado. ¿Es una Utopía? ¡No!. Sencillamente, un acto imprescindible para todos los que vivimos en este planeta.

NO es  sorprendente que dentro de esta lista de los países fallidos se encuentre Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que se afirma haber  hecho en los últimos años para consolidar su legitimidad, su soberanía y su crecimiento económico, a pesar de ello, aparece en el listado con el número 52.

En el listado se tiene en cuenta la presión demográfica, el número de refugiados, el desarrollo desigual de la población, declive económico, derechos humanos, independencia judicial, servicios públicos, fuerza pública, élites faccionalizadas, grupos de presión, función democrática  e intervención extranjera.

De acuerdo con el analista Larrazábal “este estudio da a conocer por tercera vez que Colombia desde el 2009 hasta este año, aparece dentro de la lista de Estados Fallidos, y de las razones que la revista esgrime esta el tema de corrupción, falta de infraestructura e incluso la aplicación al derecho en salud, conflicto interno, conflicto étnicos, refugiados entre otros” y he  de agregar importantes fallos del sistema judicial colombiano.

Según el estudio, dentro de los países de Latinoamérica, Bolivia, Haití y Colombia aparecen dentro del listado, lo que es sorprendente porque quiere decir que los colombianos estamos a la par de estos dos países en cuanto a estructuración política y administrativa del Estado, lo que podría ser desproporcionado, pero no bastan los esfuerzos del Gobierno, si fallan los cuerpos colegiados en el diagnostico de los problemas y si además la Justicia que es la base de  cualquier democracia se encuentra constantemente en entredicho y no hace cumplir , independientemente de a quien se aplique, la ley . Un estado que envía a sus reos al extranjero para que sean juzgados, por delitos menores, mientras que sus grandes crímenes quedan impunes, no tiene solidez, ni puede presentarse como Estado Soberano…

Es prudente  anotar  que  a día  de  hoy  se  adelantan conversaciones de paz con las FARC  en  la  Habana, Cuba,  a instancias  del  Ejecutivo y  con  el apoyo internacional de la ONU quien ha  recomendado que: ““Debe destacarse la importancia de que un proceso de negociación se enmarque en parámetros y criterios apropiados, que permitan evitar los riesgos de una negociación infructuosa con la cual se desgasten las expectativas de la población y se recrudezcan las respuestas estatales represivas. Debe tenerse presente la conveniencia de una negociación adecuadamente estructurada y de contenido, que incluya tempranamente compromisos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Asimismo, la consideración de la eventual reinserción de los alzados en armas y del tema de la reconciliación, de manera compatible con la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pueden constituirse en garantías claves para una paz sostenible” Confiamos  los Colombianos que el proceso  de paz  no sea  malogrado por  los  señores  de la  guerra.

.Recopilando diremos que, los estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad política" para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso de la destrucción" y "se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave "déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia. "

Mapa de Estados Fallidos: En color purpura los Estados Fallidos en la actualidad: Colombia en el puesto 52.

 MAPA 1

 

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LISTADO DE PAISES FALLIDOS

MAPA 2

MAPA  3

Mapa 4